Por Chéster Hernández.
Mientras la ciudadanía de Huejotzingo enfrenta carencias en materia de seguridad, servicios públicos e infraestructura, el presidente municipal de Huejotzingo, Roberto Solís Valles, vuelve a estar en el centro de la polémica por presuntos actos que han despertado dudas sobre el uso del poder y el origen de su patrimonio.
De acuerdo con una denuncia ciudadana, el edil habría ordenado el cierre y adoquinamiento de la calle Nardos, entre las calles Fresnos y Campestre, en la colonia Santa Cruz Buenavista, conocida como Zavaleta, en el municipio de Puebla, donde presuntamente se ubica una propiedad vinculada con él.
Según trabajadores que realizan la obra, el acceso a la vialidad sería restringido mediante la instalación de rejas, situación que ha generado inconformidad entre vecinos y cuestionamientos sobre la legalidad de la intervención. La medida, además, podría contravenir disposiciones del Código Reglamentario para el Municipio de Puebla (COREMUN), así como afectar el derecho al libre tránsito consagrado en el artículo 11 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Representantes del Comisariado Ejidal de Ignacio Romero Vargas señalaron que la asamblea de ejidatarios no ha autorizado el cierre de ninguna calle, debido a que las tierras del ejido son de uso común. En consecuencia, anunciaron que promoverán las acciones legales correspondientes ante el Tribunal Unitario Agrario del Distrito 47, con el propósito de que se determine la legalidad de las obras y, en su caso, las responsabilidades de quienes resulten involucrados.
El caso también ha reavivado el debate sobre el crecimiento patrimonial de diversos servidores públicos. Ciudadanos exigen que la Contraloría y la auditoría superior del estado, anticorrupción y las autoridades competentes revisen el origen de los bienes adquiridos por funcionarios que, durante su gestión, han mostrado un nivel de vida que consideran incompatible con sus ingresos públicos.
En el caso de Roberto Solís Valles, los señalamientos sobre la presunta adquisición de una propiedad en la zona de Zavaleta han incrementado las exigencias de transparencia y rendición de cuentas. Hasta el momento, el alcalde no ha emitido una postura pública sobre las acusaciones ni sobre las obras denunciadas.
La confianza ciudadana se fortalece con instituciones que investigan de manera imparcial y con servidores públicos que transparentan su patrimonio. Ante estos señalamientos, corresponde a las autoridades competentes esclarecer los hechos y determinar si existió alguna irregularidad o abuso de funciones.
