Por Chester Hernández
En política, los nombramientos suelen juzgarse antes de producir resultados. Cuando el gobernador Alejandro Armenta decidió mover a Gustavo Gaytán de la dirección de SOAPAP y colocar a Josefina Morales, no faltaron quienes calificaron la decisión como un simple relevo administrativo. Un año después, el contraste comienza a ser evidente.
Morales llegó con un perfil distinto. No proviene del activismo hídrico ni de la confrontación política; llega desde las finanzas públicas. Y justamente ahí radica la diferencia. El agua también es un problema de ingeniería financiera. Sin recursos, sin capacidad para gestionar inversión y sin coordinación institucional, ninguna tubería lleva una gota más a los hogares.
Durante años, SOAPAP pareció convertirse en una oficina dedicada a administrar inercias. El debate público giraba alrededor de la concesión, mientras el rezago en infraestructura seguía creciendo y los municipios continuaban descargando aguas residuales sin construir las plantas de tratamiento que la ley y la realidad exigen. Se discutía mucho y se resolvía poco.
La comparecencia de Josefina Morales dejó una señal interesante. No recurrió al discurso fácil ni a la descalificación de quienes piensan distinto. Habló con datos. Explicó cómo se alinearon los intereses de SOAPAP con Agua de Puebla, el Ayuntamiento de Puebla y la Comisión Nacional del Agua. Ahí está uno de los resultados: recuperar 47 litros por segundo que eran robados mediante tomas clandestinas. Esa agua no se recuperó con conferencias de prensa ni con consignas, sino con coordinación institucional.
Más relevante aún fue poner sobre la mesa un tema que pocos querían tocar: varios municipios metropolitanos cobran conceptos relacionados con el saneamiento, pero no invierten en infraestructura suficiente para tratar sus aguas residuales. Es un señalamiento incómodo porque desplaza el reflector hacia las autoridades municipales, donde durante años el saneamiento fue el último renglón del presupuesto. Es políticamente más rentable inaugurar una calle que una planta tratadora, aunque esta última tenga un impacto infinitamente mayor en la salud pública y el medio ambiente.
También empieza a desmoronarse otro mito: que cancelar la concesión resolvería, por arte de magia, todos los problemas del agua. La realidad jurídica y financiera es mucho menos romántica. Rescindir anticipadamente un contrato de esa naturaleza implicaría enfrentar indemnizaciones multimillonarias que terminarían pagando los contribuyentes. Recursos que saldrían del erario y que dejarían de destinarse a carreteras, hospitales, seguridad, movilidad o los grandes proyectos estratégicos que hoy impulsa el gobierno estatal. Gobernar no consiste en tomar decisiones populares, sino decisiones financieramente sostenibles.
Eso no significa renunciar a exigir resultados a la empresa concesionaria. Al contrario. El papel de SOAPAP debe ser precisamente el de un regulador firme, técnico y objetivo, capaz de defender el interés de los poblanos sin convertir cada diferencia en una batalla ideológica. Y esa parece ser la ruta que Josefina Morales ha decidido seguir.
La política del agua en Puebla necesitaba menos dogmas y más administración pública. Menos discursos de ruptura y más capacidad para sentar a todas las instituciones en la misma mesa. La formación financiera de Josefina Morales, que algunos cuestionaron al inicio, hoy comienza a explicar por qué el gobernador apostó por ese perfil.
Quizá el mayor acierto de Alejandro Armenta no fue únicamente cambiar al titular de SOAPAP. Fue cambiar la lógica con la que se estaba conduciendo un organismo que durante demasiado tiempo quedó atrapado entre intereses, protagonismos y debates estériles. El agua, al final, no entiende de ideologías. Entiende de inversión, planeación, legalidad y resultados. Y esa, por primera vez en mucho tiempo, parece ser la conversación correcta.
