Por Chéster Hernández.
- 12 años de fuga y un expediente rodeado de polémica
Pocas historias reflejan con tanta claridad las inconsistencias del sistema de justicia como la de Francesca Solimán Minuti, originaria de Atlixco, quien permaneció prófuga de la justicia durante más de doce años pese a existir una orden de aprehensión en su contra por su presunta participación como autora intelectual en el secuestro de Javier N., originario de Chipilo.
De acuerdo con el expediente del caso, cinco de los presuntos integrantes de la banda ya fueron sentenciados y actualmente cumplen condenas de hasta 50 años de prisión por el delito de secuestro. Sin embargo, la principal señalada por la Fiscalía logró evadir la acción de la justicia durante más de una década, situación que inevitablemente genera cuestionamientos sobre el funcionamiento de las instituciones encargadas de procurar justicia ya que esta presunta delincuente se paseaba a lo largo y ancho de Puebla e incluso salió en un documental de National Geographic donde se hablan de Atlixco.
Uno de los episodios más controvertidos ocurrió durante la gestión del entonces fiscal Víctor Carrancá Bourget. Según los antecedentes del caso, tras una primera detención, Francesca Solimán logró escapar de las instalaciones de la Fiscalía, un hecho que hasta hoy sigue despertando dudas sobre las circunstancias en las que ocurrió y sobre las posibles responsabilidades de los servidores públicos involucrados.
A ello se suma otra polémica: presuntamente existió un intento por modificar el expediente judicial. Esa acción, de acuerdo con versiones periodísticas, no prosperó porque un periodista conservaba una copia íntegra del expediente original. Posteriormente, el juez que conocía del asunto fue removido de su cargo, una decisión que alimentó aún más las sospechas sobre posibles presiones e intereses ajenos a la impartición de justicia.
Las interrogantes son inevitables. ¿Cómo pudo una persona permanecer prófuga durante más de doce años teniendo una orden de captura? ¿Quién permitió su evasión? ¿Quién habría intentado alterar un expediente de una investigación por secuestro? ¿Qué intereses políticos o económicos pudieron influir en un caso de tal gravedad?
Este asunto no sólo pone bajo escrutinio a quienes enfrentan acusaciones penales, sino también a las instituciones encargadas de garantizar el Estado de derecho. Cuando un expediente presenta episodios de fugas, intentos de modificación documental y decisiones judiciales controvertidas, la confianza ciudadana en la justicia se erosiona profundamente.
La sociedad merece respuestas claras y actuaciones transparentes. Si las acusaciones en contra de Francesca Solimán Minuti son sostenibles jurídicamente, corresponde a los tribunales resolver conforme a derecho. Pero si, pese a los antecedentes y a las sentencias dictadas contra otros implicados, la acusada obtuviera su libertad en circunstancias poco claras, el caso podría convertirse en un nuevo símbolo de la impunidad que durante años ha indignado a los ciudadanos.
En un Estado democrático, la justicia no puede depender del dinero, de las influencias o del poder político. Debe depender únicamente de la ley.
