Las condiciones sociales de Brasil comenzaron a declinar desde la vuelta del Gobierno socialista presidido por Lula da Silva, a medida que la reactivación económica heredada de Bolsonaro se desacelera. El país se quedó a medio hacer en el camino de las reformas estructurales, y la economía no logra trazar un manto de previsibilidad a largo plazo para afianzar la inversión.
Un reciente sondeo provisto por el Instituto Brasileño de Investigación y Análisis de Datos (IBPAD) reveló que 9 de cada 10 ciudadanos brasileños perciben un agravamiento del hambre en el país.
En la misma línea, el Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE) confirmó que la donación solidaria de alimentos para los estratos más humildes se incrementó en los últimos meses, y la gran mayoría de la población (más del 85% del total) participó de alguna manera en las mismas. Esto muestra otro síntoma del empeoramiento de la situación social.
El Gobierno de Lula trata de mostrar todo lo contrario. Tan pronto como asumió en enero, el oficialismo relanzó el antiguo programa “Bolsa Familia”, eliminado así el “Auxilio Brasil” que había implementado el expresidente Bolsonaro.
Lula acompañó esta reforma anunciando un refuerzo adicional de 150 reales por hijo para un total de 20 millones de familias (la ayuda mensual aumentó de 600 a 750 reales). Las medidas se implementaron tras el levantamiento del techo del gasto público por R$ 145.000 millones.
¿Cómo se explica el incremento de las transferencias sociales y el agravamiento del hambre al mismo tiempo? Lo cierto es que entre el programa Bolsa Familia y Auxilio Brasil existe una diferencia fundamental, y es que el esquema de Lula involucra a las “organizaciones sociales” (piqueteros y organizaciones políticas afines al PT) como intermediarios de los planes.
Estas organizaciones socialistas se quedan con una tajada de los recursos, y los distribuyen de manera arbitraria tanto por persona y por región geográfica, de acuerdo a sus propios intereses.
Esto provocó que las ayudas sociales fueran ahora más caras desde el punto de vista del Estado (se desembolsan más recursos), y al mismo tiempo la situación social no responda en consecuencia (se profundiza el hambre). El Gobierno federal perdió el superávit primario que había dejado la gestión de Bolsonaro, y el rojo financiero llegó a los valores más elevados desde la salida de la pandemia.
