Por Chester Hernández.
En Izúcar de Matamoros, la incapacidad de la alcaldesa Irene Olea ha permitido que la delincuencia opere impunemente, recordando escenas de la película «Todo el poder».
Recientemente, el 20 de junio, fuera de su negocio, fue ejecutada Socorro Barrera, quien era testigo protegido de la Fiscalía General de la República. Tras el levantamiento del cadáver por parte de las autoridades estatales, el negocio fue clausurado por la Fiscalía del Estado de Puebla. Sin embargo, días después, el establecimiento ubicado en la carretera internacional a Oaxaca fue saqueado por criminales.
Es notable que dicho establecimiento debía haber sido custodiado por la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, según lo establecido por la ley.
La pregunta que surge es si la presidenta municipal Irene Olea desconoce esta obligación o simplemente ignora que la omisión constituye un acto ilícito, lo cual solo agrava su situación legal.
Pero sobré todo ?donde está el fiscal Higuera Bernal?, para aplicar la ley, o ?será que también aquí existe un acuerdo político? Conste que es pregunta.
