Por Chester Hernández
Puebla, Pue.— Aproximadamente 300 campesinos provenientes de Ciudad Serdán, El Seco y otros municipios de la región centro-oriente del estado de Puebla tomaron con violencia las instalaciones del Servicio de Administración Tributaria (SAT), ubicadas sobre la Vía Atlixcáyotl, en la junta auxiliar de Tlaxcalancingo.
Los manifestantes, armados con palos, machetes y pancartas, irrumpieron en la sede federal la mañana de este lunes, bloqueando los accesos principales, impidiendo el paso a trabajadores y ciudadanos, y generando caos vehicular en una de las zonas con mayor tránsito de la ciudad. La protesta se mantuvo durante todo el día sin que intervinieran cuerpos de seguridad estatal o federal, pese a las múltiples denuncias de empleados que fueron obligados a desalojar el edificio.
Los inconformes denuncian un abandono sistemático al campo poblano, señalando que los programas federales para el agro han sido eliminados o reducidos drásticamente en los últimos años. “El campo está muriendo y el gobierno solo nos da la espalda”, gritaban los líderes del movimiento desde un improvisado templete frente al edificio del SAT.
Uno de los principales reclamos del grupo es la destitución inmediata de Juan Ibarra Chávez, quien funge como Subadministrador Local de Auditoría Fiscal “2” en suplencia del Administrador Local de Auditoría Fiscal del Sur del Distrito Federal del SAT. Los campesinos lo acusan de corrupción, negligencia y abuso de autoridad, aunque hasta el momento no han presentado pruebas documentales que sustenten estas acusaciones.
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público no ha emitido un pronunciamiento oficial sobre los hechos, mientras que las oficinas del SAT en Puebla permanecen cerradas de manera indefinida. Se desconoce si se presentarán denuncias penales por los daños ocasionados o por la obstrucción de actividades públicas.
El conflicto evidencia la creciente tensión entre sectores productivos marginados y las autoridades federales, particularmente en estados donde la actividad agrícola continúa siendo el principal sustento económico. La falta de atención institucional y los recortes presupuestales en programas del campo han detonado movilizaciones similares en otras entidades del país.
Mientras tanto, los ciudadanos que requerían realizar trámites fiscales se enfrentan a la incertidumbre y al desamparo administrativo, en medio de una protesta que, lejos de encontrar soluciones, pone en jaque la operación del sistema tributario en la región.
