Por Chéster Hernández
El gobernador Alejandro Armenta Mier atribuyó a funcionarios del Ayuntamiento de San Andrés Cholula, junto con actores vinculados al PAN, la presunta organización de la marcha de la Generación Z realizada en Puebla y replicada posteriormente en otros estados. Según el mandatario, la movilización —que en redes sociales se presentó como una convocatoria juvenil espontánea— mostró indicios de coordinación política que deben investigarse para esclarecer su origen y evitar que intereses partidistas utilicen a la ciudadanía.
Armenta enfatizó que su principal preocupación es garantizar que las protestas se desarrollen de forma auténtica y pacífica. Reiteró que su administración mantiene apertura al diálogo con la juventud y que la crítica social es legítima siempre que no sea manipulada. Aunque el gobernador no reveló nombres de los presuntos organizadores, aseguró que las áreas de seguridad y gobernabilidad ya analizan información para determinar el alcance de la intervención política que señala.
El mandatario también se refirió al incidente de violencia registrado afuera de Casa Aguayo durante la movilización, donde un adulto mayor fue golpeado por un participante. Armenta anunció que el gobierno estatal ya busca al agresor y que se trabaja para que se apliquen las sanciones correspondientes. Advirtió que este tipo de actos no serán tolerados y que la administración estatal actuará para proteger tanto a quienes se manifiestan como a terceros.
Especialistas consultados señalan que las declaraciones del gobernador buscan aportar claridad sobre la organización de la marcha, aunque subrayan la importancia de que las investigaciones aporten información verificable para evitar especulaciones. En contraste, jóvenes que participaron en la protesta sostienen que la convocatoria surgió de manera orgánica a través de redes sociales y no de actores políticos.
Hasta el momento, el Ayuntamiento de San Andrés Cholula no ha emitido postura pública sobre los señalamientos. En tanto, el gobierno estatal llamó a mantener un clima de respeto y civilidad durante cualquier expresión social. Armenta reiteró que su administración no se opone a la protesta ciudadana, pero insistió en la necesidad de identificar con claridad quién convoca y bajo qué intereses.
El caso, aún en desarrollo, pone sobre la mesa la importancia de fortalecer la transparencia en las movilizaciones públicas y garantizar que se realicen sin violencia. El gobierno estatal aseguró que continuará investigando tanto la posible intervención política como la agresión al adulto mayor, con el compromiso —dijo el gobernador— de actuar conforme a la ley.
