En un país donde la protesta social ha sido históricamente una herramienta legítima para exigir justicia, algunos han optado por distorsionar su esencia para disfrazar actos de abuso, confrontación y victimismo. Tal es el caso de Renato Romero, quien en días recientes se ha dedicado a pintarse como mártir del sistema tras ser detenido por la Agencia Estatal de Investigación de la Fiscalía de Puebla.
Durante una entrevista con el periodista Julio Astillero, Romero denunció que se le negó el derecho a una llamada telefónica y que le fue confiscado su teléfono celular. Además, lanzó acusaciones contra el gobernador a quienes responsabiliza por su situación legal, calificándola como persecución política. Sin embargo, lo que Romero omite cuidadosamente en su narrativa es el contexto real de sus acciones: el cierre arbitrario de carreteras, la obstrucción del libre tránsito y los daños colaterales ocasionados a terceros.
El derecho a manifestarse no puede ni debe convertirse en una licencia para alterar la vida cotidiana de miles de personas. En los bloqueos encabezados por Romero, ciudadanos comunes se vieron atrapados: personas que perdieron vuelos, que no llegaron a citas médicas o que simplemente se dirigían a trabajar. ¿Dónde quedó el respeto por los derechos de los demás? ¿O es que ser “luchador social” justifica pisotear la ley?
Llama también la atención la rapidez con la que algunos periodistas se han lanzado a defender a Romero sin el menor intento de análisis crítico. Es preocupante ver cómo ciertos comunicadores han pasado de ejercer un periodismo responsable a convertirse en cajas de resonancia de personajes cuestionables, más preocupados por alimentar su narrativa ideológica que por buscar la verdad.
El Estado tiene la obligación de garantizar el respeto a los derechos humanos, pero también debe actuar con firmeza cuando estos se utilizan como escudo para delinquir. Nadie —insistimos, nadie— está por encima de la ley. Y si bien la justicia debe ser garantista, también debe ser clara y contundente cuando se trata de quienes afectan a la sociedad en nombre de causas supuestamente nobles.
Romero no es preso político; es un actor que debe rendir cuentas. Victimizarse no lo exime de responsabilidad.
Pero será acaso fuego amigo de parte de algun senado de la República o del Congreso de La Unión, de una diputada qué tiene cuentas pendientes con la ASE.
