Por Chester Hernández
La política municipal de Puebla vuelve a colocarse bajo la lupa por el manejo del dinero público. Mientras desde el gobierno federal la presidenta Claudia Sheinbaum impulsa medidas para reducir el gasto en la vida política —incluyendo recortes a regidurías dentro de su propuesta de reforma electoral—, en el Ayuntamiento poblano parece ocurrir exactamente lo contrario.
El coordinador de regidores de Morena en Puebla, Gabriel Biestro, vuelve a ser señalado por el uso cuestionable de recursos públicos. De acuerdo con información reciente, Biestro habría destinado 669 mil 465 pesos del erario para la realización de eventos y una comida, un gasto que contrasta de manera evidente con el discurso de austeridad que el propio movimiento de la llamada Cuarta Transformación ha defendido durante años.
Biestro no es un actor menor dentro del morenismo poblano. Su carrera política ha estado marcada por su cercanía con el fallecido exgobernador de Puebla, Miguel Barbosa Huerta, de quien fue considerado uno de sus operadores más fieles. Sin embargo, esa cercanía política también lo ha colocado constantemente en el centro de polémicas sobre el uso del poder y los recursos públicos.
A esto se suma otra crítica que suele repetirse en el ámbito local: Biestro ni siquiera es originario de Puebla, lo que para algunos sectores políticos y sociales ha representado un símbolo de la desconexión entre ciertos funcionarios y las necesidades reales de los ciudadanos del municipio.
El gasto reportado en eventos y comidas abre preguntas inevitables sobre las prioridades del gobierno municipal. En un contexto donde se exige austeridad y eficiencia en el uso del dinero público, destinar cientos de miles de pesos a este tipo de actividades parece difícil de justificar.
Pero la responsabilidad política no recae únicamente en el coordinador de regidores. También surge una pregunta directa para el alcalde de Puebla, José Chedraui Budib: ¿dónde está la supervisión del presidente municipal frente a este tipo de gastos?
Si el dinero salió del erario, corresponde a la autoridad municipal explicar bajo qué criterios se autorizó, qué beneficios concretos generó para la ciudadanía y por qué se consideró una prioridad.
En Morena se repite desde hace años la consigna de que “no se roba, no se miente y no se traiciona”. Sin embargo, episodios como este alimentan la percepción de que, una vez en el poder, algunos de sus cuadros han olvidado rápidamente ese principio.
El caso de Gabriel Biestro no solo pone en entredicho el compromiso con la austeridad; también revive una vieja preocupación ciudadana: que los recursos públicos terminen financiando privilegios políticos en lugar de resolver problemas reales.
La transparencia y la rendición de cuentas no pueden ser selectivas. Si la llamada Cuarta Transformación pretende mantener credibilidad ante la ciudadanía, debe empezar por aclarar este tipo de gastos y establecer responsabilidades. De lo contrario, el discurso anticorrupción corre el riesgo de convertirse en una simple consigna vacía.
