Por Chester Hernández
Este martes, la autopista México-Puebla fue cerrada en ambos sentidos a la altura del kilómetro 73, en el municipio de Santa Rita Tlahuapan, Puebla. El bloqueo, encabezado por un grupo de pobladores, generó un caos vial que afectó a cientos de automovilistas, transportistas y viajeros. Los inconformes exigen el pago de indemnizaciones por tierras expropiadas para la construcción de esta misma vía de comunicación.
De acuerdo con testimonios recogidos en el lugar, los manifestantes llevan años esperando la retribución económica prometida por las autoridades. Alegan que sus terrenos fueron utilizados sin que se les haya cumplido con los acuerdos de pago correspondientes, lo cual ha generado un profundo malestar entre las comunidades afectadas.
Hasta el momento, no se ha presentado ningún representante gubernamental para entablar diálogo con los manifestantes, lo que ha intensificado el descontento. Los bloqueos iniciaron desde las primeras horas del día y no hay indicios de que se vayan a levantar en el corto plazo. Se recomienda a los conductores tomar vías alternas, como la carretera federal o desviarse desde San Martín Texmelucan.
Este tipo de manifestaciones ponen en evidencia no sólo la falta de voluntad política para resolver problemas de vieja data, sino también el abandono institucional que enfrentan muchas comunidades rurales. Aunque es legítimo exigir el cumplimiento de acuerdos, es también cierto que el cierre de una vía tan transitada como la México-Puebla afecta a miles de personas ajenas al conflicto.
Mientras el gobierno guarda silencio y los manifestantes se mantienen firmes en su postura, la población se ve atrapada entre la indiferencia oficial y el hartazgo social. Lo que inició como una demanda de justicia se ha convertido en un recordatorio más del costo que implica ignorar a los ciudadanos.
