Por Chéster Hernández
La mañana de este viernes 13 de marzo, integrantes de la organización Antorcha Campesina bloquearon la autopista Puebla–Córdoba a la altura del parque industrial Chachapa, provocando caos vial y afectaciones a cientos de automovilistas y trabajadores que utilizan diariamente esta importante vía de comunicación.
Entre 50 y 80 personas, entre usuarios y choferes de la Ruta 100, cerraron el paso para exigir que se restablezca el derrotero de esta ruta de transporte que brinda servicio a trabajadores de la zona industrial y a habitantes de colonias como Insurgentes Xonacatepec, San Isidro Nezahualcóyotl, 1 de Mayo y Coyo Potrero. Los inconformes argumentan que ya agotaron las vías de diálogo con el gobierno del estado para lograr la liberación de más de 15 unidades pertenecientes a concesionarios de esta ruta.
No obstante, la protesta se tradujo nuevamente en un bloqueo total de la autopista, afectando a ciudadanos que no tienen relación con el conflicto. Automovilistas, transportistas y trabajadores quedaron varados durante varias horas debido a la decisión de los manifestantes de utilizar una vía federal como mecanismo de presión.
Los participantes en la protesta, identificados como miembros de Antorcha Campesina, denunciaron que en los últimos días se han intensificado los operativos contra estas unidades de transporte, principalmente en zonas como Casablanca y el acceso al parque industrial Chachapa. Sin embargo, la inconformidad por estas acciones no justifica que se paralice una carretera estratégica para miles de personas que dependen de ella para trasladarse a sus trabajos o realizar actividades económicas.
La estrategia de cerrar vialidades para presionar a las autoridades se ha convertido en una práctica recurrente de este tipo de organizaciones. Cada bloqueo genera pérdidas económicas, retrasos laborales y un profundo malestar entre ciudadanos que terminan siendo rehenes de conflictos ajenos.
Si bien la protesta social es un derecho, también debe ejercerse sin violentar el derecho de libre tránsito de la población. El bloqueo de este viernes deja nuevamente en evidencia cómo algunos grupos privilegian la presión y la confrontación sobre el diálogo, utilizando a la ciudadanía como instrumento para alcanzar sus demandas.
Mientras tanto, quienes pagaron las consecuencias no fueron las autoridades ni los dirigentes de la organización, sino los cientos de ciudadanos que quedaron atrapados en el tráfico y que vieron afectadas sus actividades por una protesta que decidió cerrarle el paso a toda una región.
