Así lo dice La Mont
Leyenda: El nombre de Sergio Carmona Angulo resuena hoy no solo como un expediente criminal archivado por el plomo, sino como el símbolo de un sistema donde el combustible y la política se mezclaron de forma explosiva. Conocido popularmente como el “Rey del Huachicol”, Carmona no era el típico huachicolero que perforaba ductos en la oscuridad del campo sino su esquema era de cuello blanco: el “huachicol fiscal”. A través de sus empresas, como Grupo Industrial Permart e Industrial Hoser, operaba una red que introducía miles de litros de hidrocarburos desde Estados Unidos por las aduanas de Tamaulipas. Su trama consistía en declarar el combustible como aceite mineral para evadir impuestos, generando ganancias multimillonarias que lo catapultaron a la cima de los operadores financieros más influyentes del norte del país. Era el Carlos Ahumada Guinda y su ascenso terminó abruptamente en noviembre de 2021, cuando fue ejecutado en un local de estilistas de San Pedro Garza García, un crimen que, a pesar de ocurrir en una de las zonas más vigiladas de México, permanece en la impunidad.
Descenso: La caída de Carmona dejó al descubierto una red de vínculos que llegaba hasta las entrañas de Morena. Se le señaló como el gran financiero de campañas electorales en 2021, destinando presuntamente cientos de millones de pesos para apuntalar candidaturas en estados estratégicos del Pacifico y El Golfo los cargos imputados no son menores: se le vinculó con figuras de alto nivel, incluyendo a gobernadores en funciones y la dirigencia nacional de un partido. Los testimonios y filtraciones sugieren que Carmona no solo aportaba dinero en efectivo, sino que facilitaba el uso de aeronaves privadas y vehículos de lujo para el proselitismo. En Tamaulipas, su sombra fue vinculándose con la estructura que llevó al poder a la actual administración estatal. Esta relación clientelar permitió que sus empresas obtuvieran contratos de infraestructura y servicios, consolidando un “gobierno paralelo” donde el poder económico del contrabando dictaba las prioridades políticas.
Su proyecto: Tres años después de su asesinato, la influencia de los Carmona no desvaneció, sino extendió a través de de su viuda, Perla McDonald Sánchez. Lejos de retirarse a la vida privada, McDonald es señalada por diversos analistas y actores políticos como una operadora que mantiene viva la estructura heredada de su esposo. Se dice que actúa como una suerte de “gobernadora de facto”, gestionando espacios dentro del gabinete estatal de Tamaulipas y cobrando deudas políticas pendientes de la era de Don Sergio. Su presencia en oficinas gubernamentales y su presunta capacidad para colocar funcionarios en puestos clave de finanzas y administración sugieren que el capital político acumulado a través del huachicol fiscal sigue rindiendo dividendos. Recientemente, su nombre volvió a los titulares tras sufrir un atentado en Ciudad Victoria, lo que muchos interpretan como un mensaje de quienes temen la información que ella posee o de quienes buscan arrebatarle el control de los negocios fronterizos que aún lidera. Mientras en México la política se sacude por el combustible, en Estados Unidos el debate sobre la justicia toma un giro oscuro con el caso de Ghislaine Maxwell. La exsocia de Jeffrey Epstein, condenada por tráfico sexual de menores quien solicitó formalmente un indulto al presidente Donald Trump. En este inicio de 2026, el tema cobró una relevancia inusitada, especialmente porque Maxwell sugirió que su testimonio ante el Congreso sobre la red de Epstein podría depender de este perdón. Trump, fiel a su estilo ambivalente, declaró que tiene el derecho legal de decidir sobre su destino, aunque sectores del Partido Republicano se oponen ferozmente, argumentando que otorgar clemencia a una figura vinculada a la explotación infantil sería un suicidio político y moral. La tensión radica en qué secretos podría revelar Maxwell sobre figuras poderosas de ambos partidos a cambio de su libertad.
Embarra: Esta posibilidad de perdón nos lleva a cuestionar por qué los presidentes de Estados Unidos gozan de una facultad tan absoluta y discrecional. El fundamento reside en el Artículo II, Sección 2 de la Constitución de los Estados Unidos, que otorga al mandatario el poder de conceder indultos y conmutaciones por delitos federales, excepto en casos de juicio político (impeachment). Históricamente, esta facultad se diseñó como una “válvula de seguridad” para corregir errores judiciales o para promover la reconciliación nacional en momentos de crisis. Es una de las pocas prerrogativas presidenciales que no requiere la aprobación del Congreso ni del Poder Judicial, lo que la convierte en una herramienta de poder monárquico dentro de una democracia. El presidente no tiene que dar explicaciones ni seguir un proceso administrativo formal; su firma basta para borrar la culpabilidad legal de cualquier individuo, una discrecionalidad que es tanto alabada por su humanidad como criticada por su potencial de corrupción. La historia estadounidense está plagada de indultos que marcaron épocas. Quizás el más famoso es el que Gerald Ford otorgó a Richard Nixon en 1974, perdonándole cualquier delito cometido durante el escándalo de Watergate para “cerrar las heridas de la nación”, una decisión que probablemente le costó la reelección a Ford. En tiempos más recientes, Bill Clinton causó indignación al indultar a Marc Rich, un multimillonario fugitivo, en su último día de mandato. Donald Trump, en su primer periodo, utilizó esta facultad para favorecer a aliados políticos como Roger Stone y Michael Flynn, y más recientemente, al inicio de su segundo mandato cumplió su promesa de indultar a cientos de participantes del asalto al Capitolio del 6 de enero, argumentando que fueron víctimas de una persecución política. Incluso Joe Biden, antes de dejar el cargo, recurrió a esta facultad para perdonar a su hijo Hunter Biden. Cada uno de estos casos refuerza la idea de que el indulto, más que un acto de justicia técnica, es la máxima expresión de la voluntad política sobre la ley.
