René Gavira, exdirector de administración de Segalmex, así como Miguel Carrillo, director de precios de garantía de la empresa creada para garantizar la seguridad alimentaria y la distribución de productos básicos en el país, están entre los cuatro funcionarios sancionados con una multa de 777 millones de pesos por ejercicio indebido de recursos públicos.
La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno informó que impuso sanciones económicas por un total de 777.8 millones de pesos a seis exservidores públicos involucrados en el uso indebido de recursos públicos. Adicionalmente, 21 funcionarios fueron sancionados por incurrir en faltas administrativas catalogadas como no graves.
De acuerdo con la dependencia, el caso de mayor impacto económico corresponde a cuatro exfuncionarios de Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex), organismo que actualmente opera como Alimentación para el Bienestar.
Los sancionados fueron señalados por ejercer de manera indebida recursos del Programa Precios de Garantía a Productos Alimentarios Básicos y destinarlos a gastos de operación, así como al Programa de Fertilizantes durante 2019.
El Tribunal Federal de Justicia Administrativa determinó sancionar a María G., René Gavira, Miguel Carrillo, y Juan R., quienes se desempeñaban en la Dirección de Planeación, Precios de Garantía y Estímulos, así como en la Unidad de Administración y Finanzas.
A los cuatro exservidores públicos se les impuso una inhabilitación por 10 años y una multa solidaria por 777.8 millones de pesos.
Además de este caso, el Tribunal resolvió sancionar a Ramiro R., adscrito a la División de Distribución Zona Torreón de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), con un año de inhabilitación y una multa de nueve mil pesos por recibir dinero a cambio de eliminar adeudos por consumo de energía eléctrica en 2023.
Por otra parte, Shiddarta V., funcionario del Instituto Nacional de Migración (INM), dependiente de la Secretaría de Gobernación, fue inhabilitado por un año y sancionado económicamente con mil 380 pesos tras acreditarse la sustracción de bienes propiedad del organismo en 2021.
En el 2023, la Auditoría Superior de la Federación informó que el desfalco en Segalmex durante el periodo de Ignacio Ovalle supera los 15 mil 308 millones de pesos.
Tras investigaciones periodísticas, la ASF ha presentado 11 denuncias penales ante la Fiscalía General de la República por las irregularidades encontradas en Segalmex.
El caso de Segalmex es el mayor desfalco al presupuesto del sexenio de López Obrador, con varios desvíos en las compras de alimentos básicos que debieron llegar a la población más necesitada que acumulan 15,300 millones de pesos.
A pesar de la evidencia en contra del entonces director, Ignacio Ovalle, exdirector de Segalmex, la FGR no ha emprendido acción penal en su contra.
Cuando se descubrió el desfalco a Segalmex, el entonces presidente López Obrador defendió a Ovalle al señalar que fue «engañado». Posteriormente, lo reubicó en otro puesto como funcionario, en la Secretaría de Gobernación (Segob).
Sancionan por hacer radiografía sin autorización en el IMSS
De vuelta a las sanciones actuales por parte de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno , Carlos M., adscrito a la Unidad de Medicina Familiar 178 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Jalisco, recibió una inhabilitación por un año por realizar estudios radiográficos de pelvis sin la autorización de una paciente en 2022.
Respecto a las faltas administrativas no graves, la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno informó que 21 servidores públicos de diversas dependencias federales fueron sancionados con inhabilitaciones que van de 30 días a cinco meses.
Entre las instituciones involucradas se encuentran Petróleos Mexicanos (Pemex), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), el IMSS, la Guardia Nacional, la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, Infonacot, la Secretaría de Economía, la CFE y el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF).
La dependencia subrayó que todas las sanciones fueron determinadas conforme a la legislación vigente y bajo criterios de proporcionalidad, tomando en cuenta la gravedad de las conductas acreditadas.
Asimismo, recordó que las personas sancionadas cuentan con el derecho de impugnar las resoluciones; sin embargo, advirtió que defenderá cada una de ellas “con la misma firmeza con que fueron dictadas”, al considerar que están sustentadas en pruebas, apegadas a derecho y orientadas a la protección del interés público y de las personas afectadas.
