Por Chéster Hernández
En Puebla, la línea entre el ejercicio periodístico y los intereses políticos parece desdibujarse cada vez más. Un ejemplo evidente es el comportamiento reciente de ciertos medios de comunicación, particularmente TV Azteca Puebla, cuya cobertura informativa ha mostrado una tendencia reiterada: golpear sistemáticamente al gobernador del estado mientras, en contraste, se dedica a exaltar la cuestionable gestión del presidente municipal, Pepe Chedraui.
La crítica al poder es no solo válida, sino necesaria en toda democracia. Sin embargo, cuando esta crítica se vuelve selectiva, insistente y carente de equilibrio, surgen dudas legítimas sobre las verdaderas motivaciones detrás de la línea editorial. ¿Se trata de periodismo o de una estrategia de presión política disfrazada de información?
El caso de la administración municipal resulta particularmente preocupante. A la fecha, la falta de obra pública es evidente; el rezago en servicios básicos como la pavimentación y la atención a baches sigue siendo una constante; y la inseguridad continúa siendo una deuda pendiente con la ciudadanía. Estas responsabilidades recaen directamente en el gobierno municipal, no en el estatal. No obstante, la narrativa mediática parece ignorar estas omisiones.
En los hechos, el gobierno del estado ha tenido que intervenir en tareas que constitucionalmente no le corresponden, supliendo la inacción de una administración municipal que no ha estado a la altura de sus obligaciones. Mientras tanto, el discurso público promovido por ciertos espacios informativos distorsiona esta realidad, trasladando responsabilidades y omitiendo fallas evidentes.
Más grave aún es la percepción, cada vez más extendida, de que algunos medios operan bajo esquemas de conveniencia económica. La sospecha de pagos irregulares —los conocidos “moches”— para influir en la cobertura mediática no es un tema menor. De ser cierto, no solo se estaría comprometiendo la ética periodística, sino también el derecho de la ciudadanía a recibir información veraz y objetiva.
El periodismo no puede ni debe convertirse en instrumento de intereses particulares. Su función es informar, cuestionar y equilibrar el poder, no inclinar la balanza según quien pague más o convenga políticamente. En este contexto, la pregunta inicial cobra mayor fuerza: ¿casualidad o comparsa?
La respuesta, aunque incómoda, parece cada vez más evidente.
