Corrupción y licencias irregulares: el caso que sacude la gestión urbana

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Por Chester Hernández.

La sombra de la corrupción vuelve a empañar la administración pública, esta vez con señalamientos directos a la exsecretaria de Desarrollo Urbano, Beatriz Martínez Carreño, durante el gobierno de Claudia Rivera Vivanco en Puebla. A cuatro años de su remoción, las investigaciones por la expedición de licencias irregulares de construcción siguen sin resolverse del todo, mientras nuevos datos sugieren una red de favores que involucra posibles beneficios inmobiliarios para funcionarios.

En 2020, Rivera Vivanco anunció la destitución de Martínez Carreño y del entonces director de Medio Ambiente, Ismael Couto, por presuntos actos de corrupción relacionados con la aprobación de giros y cambios de uso de suelo sin apego a la ley. Según versiones oficiales, las acciones fraudulentas habrían provocado un daño patrimonial estimado en más de 70 millones de pesos. Lo alarmante no es solo el desvío de recursos, sino el patrón de impunidad que ha caracterizado a este tipo de prácticas en gobiernos locales.

De acuerdo con versiones extraoficiales, una funcionaria cercana a la Secretaría de Medio Ambiente habría recibido un departamento de lujo en Lomas como compensación por facilitar una licencia de construcción. Aunque esta información no ha sido confirmada oficialmente, la sola posibilidad revela la urgencia de transparentar los procesos de otorgamiento de permisos en el ámbito municipal y estatal.

Este caso no es aislado. Se suma a una serie de escándalos en diferentes entidades del país, donde los desarrollos inmobiliarios avanzan al margen de las normas, beneficiando a particulares con vínculos políticos. Las llamadas “licencias express” y los permisos otorgados durante la pandemia han dejado cicatrices urbanas difíciles de corregir.

La ciudadanía tiene derecho a exigir cuentas. No se trata solo de castigar a individuos, sino de desmontar un sistema que normaliza la corrupción bajo la figura del “donativo” o el “acuerdo político”. Mientras no se enfrente esta red de complicidades, el desarrollo urbano seguirá siendo un terreno fértil para la impunidad.

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