Un informe de la Fundación Heritage advierte por el aplastante costo fiscal de la política migratoria de Biden. Los gastos por la crisis fronteriza son especialmente relevantes en Texas y California, aunque también afectan a muchos otros Estados.
La política migratoria del presidente Joe Biden provocó una histórica crisis fronteriza cuyos costos no se quedan tan solo en aspectos sociales y de seguridad nacional, sino que también inciden en el ámbito de la economía.
Muy a diferencia de la inmigración legal y ordenada, la inmigración ilegal genera costos siderales para los contribuyentes estadounidenses en concepto de gastos de asistencia social no previstos, gastos adicionales para la aplicación de la ley y la justicia penal, remiendas por daños contra la propiedad, evasión impositiva, sobrecostos en educación y atención médica, etc. Todo esto se traslada al bolsillo de los contribuyentes (residentes oriundos e inmigrantes legalmente radicados).
La Fundación Heritage estima que solamente en el año 2022 el costo fiscal de la inmigración ilegal alcanzó los US$ 4.590 millones en el Estado de Illinois, el Estado de Texas debió desembolsar hasta US$ 8.880 millones en el mism período y las autoridades de California afrontaron un gasto de US$ 21.760 millones como resultado de la inmigración ilegal. Solo con estos tres Estados ya se alcanzó una suma de US$ 35.230 millones para el cierre del año fiscal 2022.
El alcalde demócrata de la ciudad de Nueva York, Eric Adams, admite que el presupuesto 2024 incluye un sobrecosto de hasta US$ 2.800 millones directamente vinculado al asentamiento de inmigrantes ilegales, como gastos en alojamiento temporal, acceso a servicios básicos de educación y salud, entre otras partidas. Adams llegó incluso a declarar el “estado de emergencia” en octubre del año pasado.
A diferencia de lo que ocurría a principios del siglo XX, en presencia de un “Estado de bienestar” la libre inmigración no resulta neutral para la economía. Los mayores gastos deberán ser costeados por aumentos impositivos futuros, o bien con mayores colocaciones de deuda pública.
El presidente Biden eliminó la aplicación efectiva de hasta 89 disposiciones de la ley de inmigración interior y fronteriza, reformada por la administración Trump, reduciendo el número de inmigrantes ilegales detenidos por mes de 11.000 a 3.000 (el número más bajo registrado desde 1999 a pesar del aumento demográfico en el saldo migratorio). Esta decisión incrementó notablemente los costos fiscales para los contribuyentes.
Los sobrecostos no se limitan a los Estados locales, también alcanzan al Gobierno federal aunque son sustancialmente menores. El presupuesto 2023 agrega 300 agentes para la patrulla fronteriza con un costo de US$ 65 millones, 300 coordinadores de procesamiento por US$ 23 millones y un nuevo Centro de Procesamiento Conjunto por US$ 140 millones, todos costos que se podrían haber evitado simplemente con la aplicación de la ley anterior.
Estados Unidos sufre los costos fiscales más agresivos de la inmigración ilegal, pero a duras penas puede percibir sus beneficios. La oferta laboral del país se encuentra prácticamente estancada desde el año 2000, ya que las sucesivas recesiones (2001-2002, 2008 y 2020) no pudieron compensarse con las recuperaciones posteriores.
