Por Chester Hernández
Puebla, 15 de mayo de 2025. Mientras las autoridades del Senado miran hacia otro lado, Cuautempan arde en una crisis de corrupción, impunidad y descomposición institucional. En el centro del escándalo: Gerardo Cortés Caballero, presidente municipal, hoy prófugo y desaparecido, acusado de delitos que apuntan directamente al crimen organizado: extorsión, secuestro y posesión de armas ilegales.
La Fiscalía cateó su domicilio y el de su padre —también exalcalde— sin resultados en personas, pero con hallazgos que confirman los peores rumores: armas de alto poder, estupefacientes, fajos de billetes y vehículos con placas alteradas. El vacío de autoridad no es solo físico: es moral, institucional y político.
Y mientras el alcalde huye, su madre reparte despensas desde el DIF municipal como si con eso pudiera limpiar el lodo. Su sobrino “vigila” la transparencia como contralor, en una tragicomedia de cinismo institucional. En total, siete familiares ocupan cargos estratégicos dentro del ayuntamiento, repartidos como si la administración pública fuera una empresa familiar.
Nepotismo, lo llaman los códigos legales.
Caciquismo, lo llama la historia.
Impunidad, lo grita el pueblo.
El Partido del Trabajo, bajo cuyo cobijo Gerardo Cortés llegó al poder, guarda silencio. Ni los líderes estatales ni sus aliados federales han emitido una sola palabra de deslinde. Mientras tanto, los habitantes de Cuautempan sobreviven entre el miedo, la incertidumbre y el hartazgo.
La justicia no puede seguir siendo rehén del cálculo político. Lo que ocurre en Cuautempan es más que un escándalo: es un síntoma de hasta dónde puede pudrirse el poder cuando nadie lo vigila.
Cuánto tiempo falta para que lo mismo pase en el municipio de Amozoc de mota para que las autoridades hagan el mismo trabajo porque en Amozoc hay un diputado que protege a los González y a otras bandas de la zona.
