Por Chéster Hernández.
En distintos puntos de la ciudad de Puebla, principalmente en zonas de alta afluencia peatonal como el barrio de El Carmen, alrededores de Xonaca y las inmediaciones de algunos supermercados y parques públicos, persiste la operación de supuestos juegos de azar en la vía pública, como la conocida “bolita” o rifas callejeras, pese a que este tipo de prácticas están prohibidas por la normatividad vigente.
De acuerdo con denuncias ciudadanas, estos esquemas funcionan bajo la apariencia de entretenimiento o oportunidad de ganar premios inmediatos, pero en realidad operan como mecanismos de fraude. Los participantes son atraídos con la promesa de premios fáciles, sin embargo, en múltiples casos se reporta el uso de trampas, manipulación del juego o condiciones cambiantes que impiden el supuesto premio, generando pérdidas económicas para quienes participan.
Vecinos y transeúntes han señalado además que estos grupos se instalan de manera recurrente en espacios públicos sin aparente restricción, lo que ha generado cuestionamientos sobre la actuación de las autoridades municipales encargadas de regular el comercio en vía pública y mantener el orden. Las críticas se han dirigido principalmente al Ayuntamiento de Puebla, encabezado por Pepe Chedraui, al considerar que existe una falta de control efectivo sobre estas actividades.
Asimismo, en diversas quejas se ha planteado la presunta tolerancia de elementos de seguridad y áreas de gobernación municipal, lo que ha encendido la percepción de posible omisión o permisividad institucional. Sin embargo, estas afirmaciones corresponden a señalamientos ciudadanos que no han sido confirmados oficialmente por las autoridades competentes.
Mientras tanto, los llamados “jugadores” o operadores continúan desplazándose por distintos puntos de la ciudad, aprovechando la alta circulación de personas para instalar sus mesas improvisadas y atraer a transeúntes desprevenidos. La constante presencia de estos esquemas ha generado preocupación entre comerciantes establecidos y ciudadanos, quienes exigen mayor vigilancia y acciones contundentes para evitar que este tipo de prácticas sigan proliferando en espacios públicos.
En este contexto, la falta de una respuesta clara y visible por parte del gobierno municipal alimenta la percepción de impunidad, mientras los afectados siguen siendo, en su mayoría, ciudadanos que, con la esperanza de obtener un premio, terminan perdiendo su dinero en juegos cuya transparencia es, por decir lo menos, cuestionable.
