Por Chéster Hernández
La detención de la síndico municipal de Chignautla, María del Rosario Márquez Paulino, en el municipio de Teziutlán, Puebla, exhibe una vez más la profunda contradicción entre el discurso público de los servidores y su conducta en la vida real. De acuerdo con los reportes preliminares, la funcionaria fue sorprendida conduciendo presuntamente bajo los efectos del alcohol, una situación que, de confirmarse, no solo constituye una falta administrativa o un delito, sino también una grave irresponsabilidad ética.
Resulta inadmisible que quienes ocupan cargos públicos, obligados a velar por el cumplimiento de la ley y el bienestar de la ciudadanía, sean los primeros en quebrantar las normas más básicas de convivencia y seguridad. La conducción en estado de ebriedad no es un asunto menor: pone en riesgo la vida de terceros y refleja una alarmante falta de criterio. En el caso de una síndico municipal —figura encargada de la vigilancia jurídica del ayuntamiento— el hecho adquiere una dimensión aún más preocupante.
Este tipo de episodios no pueden seguir tratándose como incidentes aislados o simples “errores personales”. Forman parte de un patrón de impunidad y relajamiento de la responsabilidad pública que deteriora la confianza ciudadana en las instituciones. ¿Con qué autoridad moral puede una funcionaria exigir el cumplimiento de la ley cuando ella misma es señalada por violarla?
La respuesta de las autoridades será clave. No basta con la detención momentánea ni con posibles sanciones menores. La sociedad exige transparencia, rendición de cuentas y, en su caso, consecuencias ejemplares. La función pública no debe ser refugio de privilegios ni de indulgencia, sino un espacio de responsabilidad y congruencia.
En un contexto donde la ciudadanía enfrenta diariamente problemas de inseguridad y abusos, la conducta de quienes gobiernan no puede ser ambigua. La ley debe aplicarse sin distinciones, y más aún cuando se trata de quienes juraron hacerla cumplir. De lo contrario, se seguirá alimentando la percepción —cada vez más arraigada— de que en el servicio público la impunidad sigue siendo la regla y no la excepción.
