Por Chester Hernández
La usurpación de profesiones, más que un acto de irresponsabilidad individual, es una amenaza directa a la seguridad pública. En México, ejercer sin tener título o autorización legal no es un simple error administrativo: es un delito. El Código Penal Federal establece sanciones que pueden llegar hasta seis años de prisión, además de multas, para quienes se ostenten como profesionistas sin contar con la preparación, la acreditación o la cédula correspondiente. El espíritu de la ley es claro: proteger a la población de quienes ponen en riesgo la salud, la integridad o el patrimonio de otros, amparados en credenciales inexistentes o presuntamente falsas.
En este contexto, la figura del hoy diputado Andrés Iván Villegas Mendoza ha comenzado a generar inquietud y cuestionamientos serios. Antes de alcanzar un cargo público, el ahora legislador se presentaba —según testimonios locales— como médico cirujano y partero, ofreciendo servicios en un consultorio ubicado en la comunidad de San Mateo Tlaixpan, en el estado de Puebla. Lo que podría parecer un antecedente profesional relevante se vuelve preocupante cuando se intenta verificar su legitimidad.
Diversas búsquedas realizadas en plataformas oficiales y bases de datos públicas arrojan un resultado contundente: no existe registro alguno de cédula profesional que lo avale como médico. Tampoco aparece en los listados de escuelas de medicina ni en los registros de egresados de universidades con facultades en esa área. En contraste, lo que sí figura en los documentos consultados es una formación completamente distinta: administración de empresas. De la supuesta carrera de médico cirujano y partero, ninguna evidencia.
La gravedad del asunto trasciende la anécdota. No se trata únicamente de una posible contradicción en el currículum de un funcionario, sino de la inquietante posibilidad de que haya ejercido actos reservados exclusivamente para profesionales de la salud sin contar con la preparación requerida. De confirmarse, no solo habría incurrido en un delito, sino que habría puesto en riesgo la salud de personas que, confiando en su supuesta formación, acudieron a él en busca de atención médica.
Especialistas señalan que la usurpación de profesiones médicas es una de las formas más peligrosas de este delito, pues involucra vidas humanas. Prescribir medicamentos, diagnosticar enfermedades o realizar procedimientos sin la formación y acreditación necesarias puede derivar en daños irreversibles. La ley es estricta por una razón: evitar que la población sea víctima de improvisados que, en el mejor de los casos, desconocen lo que hacen, y en el peor, lucran con la vulnerabilidad de sus pacientes.
La presencia del diputado Villegas Mendoza en el Congreso vuelve más urgente una aclaración pública. El ejercicio de cargos legislativos exige transparencia, ética y credibilidad. Un representante popular no puede cargar con sombras de este calibre sin ofrecer explicaciones contundentes. Hasta el cierre de esta nota, no existe evidencia pública que confirme su acreditación como médico, ni se han emitido pronunciamientos oficiales que aclaren el origen de esta presunta inconsistencia profesional.
Mientras tanto, en San Mateo Tlaixpan persiste la incómoda pregunta: ¿quién atendió durante años a los pacientes que confiaron en aquel consultorio? Y, sobre todo, ¿por qué un diputado en funciones guarda silencio ante señalamientos tan serios?
De comprobarse la falta de cédula y la prestación de servicios médicos sin autorización, podría abrirse la puerta a responsabilidades penales. No se trata solo de un debate político, sino de un posible delito que, en cualquier democracia sólida, amerita investigación profunda y rendición de cuentas inmediata.
Porque cuando un servidor público llega al poder con dudas sobre su pasado profesional, no es la ciudadanía la que debe justificarse: es él quien debe explicar.
