Por Chéster Hernández
Raymundo Cuautli Martínez enfrenta un nuevo y delicado cuestionamiento que pone en entredicho la legalidad de su documentación oficial y, con ello, su viabilidad política rumbo al próximo proceso electoral en San Andrés Cholula. La existencia de dos actas de nacimiento distintas, registradas en municipios diferentes, pero con la misma fecha de nacimiento y prácticamente los mismos padres, abre una polémica de posibles implicaciones legales, administrativas y electorales.
Los documentos exhiben una irregularidad difícil de ignorar. La primera acta, número 1764 del libro 02, fue registrada el 9 de octubre de 1978 en el Juzgado del Registro Civil de San Pedro Cholula a nombre de Juan Carlos Cuautli Martínez. La segunda, acta 211 del libro 1, fue asentada el 15 de marzo de 1980 en la Oficialía 0001 del Registro Civil de San Andrés Cholula, ahora bajo el nombre de Raymundo Cuautli Martínez. Ambas coinciden en un dato clave: la fecha de nacimiento, 25 de julio de 1978, además de registrar a los mismos padres con variaciones mínimas en los nombres.
Mientras en el documento de San Pedro Cholula aparecen Víctor Cuautli Guevara y Lilia Martínez de Cuautli, en el registro de San Andrés Cholula figuran José Víctor Cuautli Guevara y Margarita Lilia Martínez de Cuautli. Las coincidencias son demasiado evidentes para tratarse de un simple error administrativo.
Pese a ello, Raymundo Cuautli Martínez ha utilizado de manera permanente el acta expedida en San Andrés Cholula para construir toda su vida pública y política. Con ese documento obtuvo su CURP CUMR780725HPLTRY00, realizó trámites oficiales y participó en diversas contiendas electorales cobijado por distintos partidos políticos, entre ellos PRI, PAN, PRD y Morena.
La legislación civil de Puebla es clara: una persona sólo puede contar con un registro de nacimiento válido. La duplicidad de actas, sin un procedimiento de cancelación, rectificación o nulidad, representa una posible violación a los artículos 848 y 849 del Código Civil del Estado. No se trata de un detalle menor ni de un tecnicismo burocrático. La unicidad del registro civil es la base de la identidad jurídica de cualquier ciudadano y su alteración puede derivar en consecuencias legales graves.
El caso cobra especial relevancia porque involucra a un actor político que busca nuevamente ocupar la presidencia municipal de San Andrés Cholula. La pregunta es inevitable: ¿cómo pudo participar durante años en procesos electorales sin que ninguna autoridad detectara o investigara esta aparente duplicidad documental?
Y aunque el caso genera escándalo, no sería el primero en Puebla donde personajes vinculados a la política modifican nombres o apellidos para reconstruir su identidad pública. En Tehuacán, el caso de “Olguita” también despertó controversia por cambios en su identidad legal y el uso político de una nueva imagen pública, alimentando la percepción de que algunos actores encuentran en las lagunas administrativas una vía para reinventarse sin transparentar plenamente su historial.
Hasta ahora, Raymundo Cuautli Martínez ha guardado silencio. No ha ofrecido una explicación pública sobre por qué existen dos registros de nacimiento vinculados a su identidad ni cuál es el estatus legal de ambas actas. El mutismo sólo incrementa las sospechas y alimenta las dudas sobre la autenticidad y legalidad de sus documentos oficiales.
Corresponderá ahora al Registro Civil y a las autoridades electorales determinar si esta irregularidad constituye un impedimento legal para sus futuras aspiraciones políticas. Lo cierto es que el escándalo ya exhibe una preocupante falla institucional y coloca bajo la lupa la legitimidad documental de uno de los personajes que pretende gobernar nuevamente San Andrés Cholula.
