Implacable por Paty Herrera
Los testimonios de Ismael “El Mayo” Zambada y Ovidio Guzmán habrían sido, con alta probabilidad, el detonante que aceleró la solicitud de extradición de Rubén Rocha Moya. No obstante, su nombre ya figuraba desde hace tiempo en la lista de narcopolitícos bajo la lupa del gobierno estadounidense.
Antes de que estallara el escándalo, ya se habían filtrado señales inequívocas, diversos servidores públicos llevaban más de un año sin visa norteamericana. Casos como el de los Monreal y, más recientemente, el de Luisa María Alcalde, de quien se rumora podría incluso abandonar las filas de Morena por la presión de la mismísima Claudia Sheinbaum.
El golpe es innegablemente devastador para la izquierda encarnada por Morena. Hoy se habla abiertamente de fracturas internas que difícilmente podrían contenerse, ni siquiera con la intervención del propio López Obrador. Versiones apuntan a que el pasado primero de mayo sostuvo una reunión de emergencia con Claudia Sheinbaum para delinear una estrategia frente a los previsibles embates del gobierno de Donald Trump.
Entre las posibles rutas estaría solicitar a Estados Unidos la entrega formal de pruebas y testimonios contra Rocha Moya para que sea la Fiscalía General de la República quien lleve el caso, replicando el precedente del general Cienfuegos. Paralelamente, se contemplaría una radicalización de la política exterior, aun a costa de deteriorar la relación bilateral durante al menos dos años, en lo que termina el gobierno de Donald Trump.
Esta forma de actuar no es propia del régimen morenista, tristemente para México la clase política trabaja para el crimen organizado, como ejemplo de ello está Emilio Gamboa Patrón, amigo de Kamel Nacif y otros cuantos delincuentes, y que jamás ha sido llevado a juicio por sus nexos con el crimen organizado.
Los políticos solo se cambian de camiseta, pero siguen siendo los mismos ladrones y corruptos. Con Morena pasó algo muy diferente, sus miembros no solo quisieron ser parte de la nomina del narco, pretendieron adueñarse del negocio y ser los nuevos capos de la mafiocracia mexicana.
Por su parte, el gobierno de Donald Trump no parece dispuesto a ceder en su objetivo de combatir a los cárteles mexicanos, incluso mediante acciones extraterritoriales. Las declaraciones de antiguos líderes criminales, ahora convertidos en testigos protegidos, amenazan con cimbrar los cimientos del sistema político mexicano. No sería descabellado anticipar, más temprano que tarde, acciones unilaterales de la justicia estadounidense.
Las consecuencias podrían ser inexorables, desde el abandono de las negociaciones del T-MEC hasta la imposición de aranceles punitivos sin precedentes. A ello se sumaría la cancelación masiva de visas e incluso políticas migratorias más agresivas que podrían afectar a mexicanos con estatus legal en Estados Unidos. La terquedad y el amparo a los criminales de la PresidentA con A, pueden costarle muy caro a los mexicanos y llevarnos a una devastadora recesión económica.
