Por Chester Hernández
En Cuautlancingo, Puebla, la inseguridad ha dejado de ser una preocupación para convertirse en una tragedia cotidiana. Mientras los ciudadanos enfrentan cada día el miedo a ser asaltados, secuestrados o, peor aún, ejecutados, el presidente municipal Omar Muñoz ha encontrado una manera bastante rentable de “combatir” la inseguridad: los operativos anti alcohol.
Lejos de ser una medida preventiva para proteger la vida de los automovilistas, estos operativos se han convertido en una máquina de recaudación ilegal. Decenas de conductores son detenidos cada fin de semana sin que se les levante una infracción formal. El proceso carece de transparencia y legalidad: para recuperar sus vehículos, los ciudadanos deben pagar entre $10,000 y $15,000 en efectivo, sin recibos, sin registros y sin explicación alguna sobre el destino de esos recursos.
Lo más grave de esta situación es que los operativos están siendo realizados por policías municipales que operan totalmente fuera de la ley. De acuerdo con información verificada, los elementos de la Policía de Cuautlancingo no cuentan con la Certificación Única Policial (CUP), un requisito indispensable para portar armas, ejercer funciones de seguridad pública y participar en este tipo de dispositivos. Por tanto, no solo se trata de un abuso, sino de una violación flagrante a la ley, permitida y fomentada por el propio presidente municipal.
¿A dónde va ese dinero? La respuesta es tan clara como indignante: al bolsillo de unos cuantos. Mientras el municipio se desangra, mientras aparecen cuerpos de trabajadores asesinados, mientras los vecinos viven en zozobra, Omar Muñoz ha convertido la ley en un lucrativo negocio personal.
Lo que debería ser un operativo de prevención se ha transformado en un sistema de extorsión institucionalizada. Esta práctica no solo vulnera los derechos de los ciudadanos, sino que refleja una total falta de compromiso con el verdadero combate a la delincuencia. En lugar de invertir en seguridad pública, en patrullas, cámaras de vigilancia o capacitación para los cuerpos policiales, Omar Muñoz prefiere ordeñar al ciudadano común.
Este fin de semana quedó evidenciado que Cuautlancingo es un municipio fallido. El hallazgo de varios empleados ejecutados no solo habla de la incapacidad de la administración, sino del abandono total de las prioridades. Hoy, la seguridad pública ha sido sustituida por la codicia de un gobierno que ha perdido el rumbo, y que prefiere enriquecerse a costa de la desesperación de su gente.
El pueblo de Cuautlancingo merece más. Merece un gobierno que proteja, no que robe. Merece justicia, no extorsión. Y, sobre todo, merece un presidente que tenga vergüenza.
