Por Chéster Hernández
El caso de Lidya Valdivia no solo escaló al Congreso del Estado de Puebla; también terminó por desnudar una práctica vieja y conocida: el uso del dolor social como arma política y la defensa abierta del caos cuando este conviene a ciertos intereses partidistas.
La propuesta de sancionar conductas que afectan gravemente a la ciudadanía —como los bloqueos de calles y carreteras— provocó una reacción inmediata de la diputada Susana Riestra, militante del Partido Acción Nacional (PAN), quien se apresuró a descalificar cualquier intento de poner orden bajo el argumento de que se “criminaliza la protesta”. Un discurso cómodo, predecible y profundamente irresponsable.
No se trata de derechos humanos ni de empatía con las víctimas. Se trata de política pura y dura. Acción Nacional, fiel a su tradición de ser oposición por sistema, vuelve a colocarse del lado de la confrontación, del desorden y del colapso urbano, aun cuando eso implique poner en riesgo la vida y la seguridad de miles de ciudadanos.
Respaldada por el Colectivo 19 de Marzo, la diputada Riestra considera válido cerrar calles y carreteras, paralizar ciudades y afectar a terceros que no tienen absolutamente nada que ver con las causas que se dicen defender. Para ellos, parece irrelevante que familias queden varadas durante horas, que trabajadores pierdan su ingreso diario, que ambulancias no puedan avanzar o que mujeres a punto de dar a luz enfrenten situaciones límite por culpa de un bloqueo.
Eso no es protesta social. Es chantaje.
Resulta insultante que desde una curul se normalice este tipo de prácticas y se pretenda justificar el caos como si fuera una herramienta legítima de presión. Defender el cierre de carreteras no es estar del lado del pueblo; es estar del lado de la anarquía selectiva, esa que solo se tolera cuando sirve para golpear políticamente al adversario.
Castigar a quienes bloquean vialidades no es criminalizar la protesta, como insiste el PAN. Es proteger derechos fundamentales: el derecho al libre tránsito, a la salud, a la vida y a la seguridad. Un Estado que permite bloqueos indiscriminados es un Estado débil, sometido a grupos que imponen su agenda a costa del sufrimiento ajeno.
Lo verdaderamente peligroso no es legislar para poner límites, sino tener legisladores que, por cálculo político, prefieren incendiar la pradera antes que asumir una postura responsable. Porque hoy se bloquea una carretera “por una causa”, mañana se paraliza una ciudad entera y pasado mañana se normaliza que la ley no exista.
Todo por política. Todo por golpear al sistema. Todo por seguir siendo, como siempre, los contreras profesionales.
La próxima vez que Puebla colapse por un bloqueo, que una ambulancia no llegue a tiempo o que una familia quede atrapada en el tráfico con una urgencia médica, la ciudadanía debe tener claro a quién reclamarle: a quienes colocan las barricadas y a quienes, desde el PAN y desde ciertos colectivos, avalan el desorden desde la comodidad del discurso.
Porque cuando la política se antepone a la vida y a la legalidad, ya no estamos hablando de protesta: estamos hablando de irresponsabilidad criminal disfrazada de causa social.
