Colaboración: El secretario de Seguridad federal, Omar García Harfuch, se reunió con la gobernadora de Guanajuato, Libia Dennise García Muñoz Ledo, para delinear una estrategia de contención frente a la violencia que se vive en el estado. El objetivo es desplegar más elementos estatales y federales en la entidad, la cual lidera el número de homicidios dolosos en el país. García Harfuch inició con el pie derecho su gestión tras presentar la nueva estrategia de seguridad federal y trasladar las reuniones del gabinete encargado de la política de seguridad al convulso estado de Sinaloa, además de tomar responsabilidad por la violencia que aqueja a estados gobernados por la oposición, como es el caso de Guanajuato. En la reunión asistió personal del Centro Nacional de Inteligencia, a cargo de Francisco Almazán Barocio, y del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, de Marcela Figueroa.
Otra INE: Por 4 votos contra 3, los consejeros del Consejo de la Judicatura Federal (CJF) resolvieron en la sesión del Pleno de este miércoles, no atender las 135 medidas cautelares dictadas por los jueces de distrito, en las que se ordenó congelar momentáneamente los actos que debe llevar a cabo el CJF, establecidos en la reforma constitucional al Poder Judicial y ya envió los listados de los jueces de distrito al Senado y en el oficio correspondiente se hace referencia a las suspensiones provisionales y las razones por las cuales decidieron no acatarlas, para que el Senado emita la Convocatoria para la elección de jueces y magistrados en junio del 2025. De acuerdo con fuentes judiciales de este columnista, los consejeros que votaron por no impedir el curso de la reforma fueron Sergio Javier Molina Martínez, Bernardo Bátiz, Verónica De Gyves Zárate y Celia Maya García. Quienes votaron por acatar las suspensiones fueron la ministra presidenta Norma Piña, José Alfonso Montalvo Martínez, y Lilia Mónica López Benítez. De las más de 150 suspensiones provisionales contra la reforma aprobada el pasado 11 de septiembre, al menos dos fueron dictadas contra los actos que debía llevar a cabo el CJF para implementarla. Se trata de las medidas cautelares qué emitieron los Juzgados Primero de Distrito de Nuevo León y Cuarto de Distrito de Jalisco. Dichos órganos jurisdiccionales ordenaron en sus suspensiones al CJF abstenerse de iniciar el plan de trabajo de la reforma y no entregar al Senado el listado de Juzgadores, que es necesario para que pueda lanzar la convocatoria de la elección de jueces el año entrante. También ordenaron a la Judicatura no extinguir fondos y fideicomisos para enterarlos a la Tesorería de la Federación y no emitir en el Pleno, acuerdos generales o particulares derivados de la reforma judicial.
Entre otras cosas: En San Lázaro, con 353 votos a favor, cero abstenciones y 122 en contra, los diputados de Morena, del PT y el PVEM aprobaron en lo general una reforma en materia energética para fortalecer a Petróleos Mexicano (Pemex) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE) para que sean empresas públicas. Durante la votación se encontraban 475 diputados presentes, por lo que Morena requería solamente 316 votos para tener la mayoría calificada para esta reforma constitucional qué propone que Pemex y CFE vuelvan a ser consideradas «empresas públicas del Estado» y no como «empresas productivas», a fin de evitar que compitan en las mismas condiciones que las privadas, además de garantizarles que tengan preponderancia en su sector. Gustavo de Hoyos Walter, diputado de Movimiento Ciudadano y ex presidente de la Coparmex, advirtió del daño financiero que causará la reforma que incluso, dijo, afectará al Gobierno de Claudia Sheinbaum, pues como está planteada, detonará conflictos nacionales y especialmente internacionales», señaló. Asimismo, planteó que “los cambios que se proponen en la reforma constitucional imposibilitarían la inversión privada porque impone el predominio de la CFE y porque se define un sistema eléctrico orientado en la seguridad, en lugar de orientado a la eficiencia y además porque prohíbe el lucro razonable», dijo. La reforma modifica los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución en materia de áreas y empresas estratégicas y fue propuesta por el ex Presidente López Obrador. La reforma prevé que la CFE tenga el 56 por ciento del mercado de electricidad y los privados, el 44. La reforma fue votada en lo general y ahora iniciará la discusión de propuestas de modificación en lo particular, donde es poco probable que Morena y sus aliados acepten alguna.
