Sin tomar en cuenta el contrato de poco más de 82 millones de pesos por la adquisición de patrullas; 3.5 millones por el servicio de limpia y aquellos que se encontraron con domicilios relacionados a la actividad que fue contratada; suman un millón 862 mil 936 pesos 81 centavos ($1,862,936.00).
Resulta preocupante los niveles de posible corrupción que impera hacia el interior del gobierno referido y la afirmación de regidores; en el sentido de que “no le preocupa gracias a sus buenas relaciones y complicidad con el gobierno del Estado y que estaría detrás del contrato otorgado a Lumo Financiera. Así como su excelente relación con la pareja de su hija, coordinador parlamentario del Partido Acción Nacional en el H. Congreso del Estado”.
Los 23 contratos a 22 proveedores de bienes y servicios que fueron otorgados sin cumplir las formalidades establecidas en las licitaciones públicas o adjudicaciones directas, no se encontraron empresas establecidas en los domicilios que indican, locales vacíos en plazas comerciales, en viviendas particulares dentro de fraccionamientos cerrados o unidades habitacionales, calles que no llegan a la numeración que indican. Por un monto de 25 millones 14 mil 207 pesos con 60 centavos ($25,014,207.60)
En dos presuntas empresas la representante legal afirmó no saber de la existencia o pago del contrato referido. Una de ellas afirmó ser edecán y promotora de la Leche Lala y desconocer que sea accionista o representante legal de una sociedad anónima, únicamente le dan documentos a firmar.
Algunas empresas están relacionadas con escándalos de corrupción. Algunas de ellas relacionadas con otros gobiernos municipales, en donde se encontró el nombre de sus representantes legales, registro federal de contribuyentes y domicilios empresariales.
El gobierno cholulteca carece de transparencia, al publicar datos incompletos que pretende evitar la fiscalización y observación ciudadana, en cuanto a los contratos suscritos y los padrones de proveedores de bienes y servicios. En la totalidad de contratos efectuados con empresas, se testa el nombre de sus representantes legales o se omité el RFC de las personas físicas que figuran como proveedores o tachan con marcador negro el domicilio empresarial. En el padrón respectivo los datos son incompletos. El criterio es discrecional con respecto a otras publicaciones, tanto del gobierno municipal como de otras entidades públicas que sí proporcionan dichos datos.
Expuesto lo anterior, se requiere y solicita el acuerdo respectivo a fin de evitar mayor daño al erario cholulteca, ante los hechos que se denuncian por capítulos de investigación periodística; realizada al 100 por ciento de los datos que aparecen en la Plataforma Nacional de Transparencia, al 31 de marzo de 2022.
Mayores daños… están por venir.
