Por Chester Hernández.
En tiempos de la Inquisición, el traje de San Benito servía para marcar y humillar públicamente a quienes eran señalados como herejes. Era una prenda simbólica de castigo social, confeccionada con una tela simple pero cargada de estigma: una especie de escapulario con forma de poncho y un cucurucho en la cabeza. Su propósito no era impartir justicia, sino exponer y someter al juicio público a quienes, con o sin pruebas, eran considerados culpables.
Hoy, siglos después, algunos sectores del poder parecen querer revivir esa lógica inquisitorial. La propuesta de obligar a los motociclistas a portar en su vestimenta y casco el número de placas de su unidad no es solo una ocurrencia mal planteada: es un acto de estigmatización institucional. Esta medida, defendida durante años por el exdiputado Roberto Solís, nunca fue aprobada por violar principios fundamentales de los derechos humanos. Y con razón.
Pretender que una persona lleve impresa en el cuerpo la matrícula de su vehículo es un acto de cosificación. No se está identificando al vehículo, se está marcando al individuo, reduciéndolo a una serie de caracteres que lo ligan con un objeto. Además, implica una presunción de culpabilidad: quien conduce una motocicleta debe estar identificado como si fuera, de entrada, sospechoso.
Lejos de ofrecer soluciones reales a la inseguridad, esta propuesta refleja una visión autoritaria que opta por el castigo simbólico antes que por el respeto a los derechos. Es más fácil estigmatizar que enfrentar las verdaderas causas del problema.
Los motociclistas no necesitan ser marcados. Necesitan garantías, respeto y políticas públicas que no los conviertan en chivos expiatorios del miedo social.
Creo que los únicos que deberían de traer el número de placa son los oficiales y policías de seguridad pública que andan extorsionando a los ciudadanos como en el municipio de las Cholulas y Cuautlancingo Tehuacán entre otros.
