Por Chester Hernández
Este lunes, un apagón masivo dejó sin electricidad a millones de ciudadanos en España y en al menos otros cinco países europeos, exponiendo la fragilidad de un sistema eléctrico que se presume moderno, pero que colapsa ante la primera falla significativa. Durante varias horas, zonas urbanas y rurales quedaron a oscuras, paralizando hospitales, trenes, aeropuertos y comunicaciones. ¿Cómo es posible que, en pleno 2025, una región como Europa siga siendo tan vulnerable a un fallo eléctrico?
La versión oficial apunta a un “problema técnico en la red interconectada”, pero esta excusa genérica no alcanza para tapar las grietas estructurales de un sistema mal gestionado y peor planificado. Las inversiones en mantenimiento y prevención han sido relegadas durante años por políticas energéticas erráticas, priorizando lo económico sobre lo estratégico. El resultado: una ciudadanía indefensa y una economía expuesta.
Lo más alarmante es la falta de respuestas contundentes por parte de las autoridades. Mientras los gobiernos emiten comunicados vagos, millones de europeos enfrentan pérdidas económicas, interrupciones en servicios críticos y una creciente sensación de abandono institucional. Las promesas de “investigación” suenan huecas cuando los ciudadanos exigen responsabilidades claras y soluciones inmediatas.
Europa no puede permitirse más apagones ni explicaciones banales. Es hora de asumir que el modelo energético actual está agotado y que sin una reforma profunda, este tipo de colapsos se volverán la norma. La energía no es un lujo: es un derecho y una necesidad. Y los gobiernos deben actuar en consecuencia.
