grave denuncia ciudadana ha encendido la alarma en Huamantla, luego de que una madre de familia exhibiera una presunta red de distribución de sustancias ilícitas ligada al entorno escolar, mientras —acusan— las autoridades han permanecido sin actuar.
El caso salió a la luz después de que su hijo, estudiante del CBTis61 Huamantla, ingresara a rehabilitación por consumo de sustancias. Durante su proceso, reveló cómo presuntamente obtenía dichas sustancias dentro del propio ambiente escolar, una confesión que detonó la denuncia pública.
A partir de ello, la madre decidió romper el silencio y señalar lo que, asegura, muchos conocen, pero pocos denuncian.
Pero más allá de los señalamientos, la denuncia destapa algo más profundo: la posible omisión institucional frente a un problema que estaría creciendo entre jóvenes.
¿Cómo es posible —cuestionan padres de familia— que si estas versiones circulan desde hace tiempo no exista una respuesta contundente?
Aunque hasta ahora no hay información oficial que confirme los hechos, el silencio de las autoridades ha generado molestia e incertidumbre.
La crítica es directa: si los padres están alertando, si los jóvenes lo viven y si la preocupación social aumenta, ¿qué están esperando para investigar?
Escuelas deben ser espacios seguros, no focos de preocupación.
La exigencia es clara para autoridades educativas, corporaciones de seguridad y el gobierno municipal encabezado por Salvador Santos Cedillo: atender el tema antes de que escale.
Porque cuando una madre denuncia que están “envenenando a nuestros hijos”, no es solo una acusación; es un llamado urgente.
¿Se actuará o se dejará crecer el problema?
