![]()
Fuerzas federales y estatales desplegaron un amplio operativo de seguridad y ejecutaron una orden de cateo en las inmediaciones de los ranchos “Cuyuapan” y “Xocoyucan” —antes Hacienda Xocoyucan— ubicados en la comunidad de San Diego Xocoyucan, perteneciente al municipio de Ixtacuixtla.
La movilización inició el sábado alrededor de las 18:30 horas y se prolongó durante casi 30 horas. En las acciones participaron elementos de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) del Gobierno de México, la Secretaría de Marina (SEMAR) y la Policía Estatal.
De acuerdo con información obtenida de manera extraoficial, la orden judicial habría sido emitida en el marco de una investigación relacionada con presuntos delitos de privación ilegal de la libertad y posibles actividades vinculadas al narcotráfico.
Durante la intervención en el rancho “Cuyuapan”, sus moradores aseguraron que las autoridades no localizaron indicios ni elementos constitutivos de delito. En tanto, habitantes del rancho “Xocoyucan” señalaron que agentes ingresaron a su propiedad debido a una aparente confusión, al considerar que ambos predios formaban parte de una misma extensión territorial.
Fuentes consultadas de manera extraoficial indicaron que durante las diligencias fueron localizadas armas de fuego presuntamente utilizadas para la seguridad de los inmuebles, aunque hasta el momento no se ha precisado el número ni el calibre de las mismas.
Asimismo, vecinos de la zona reportaron que de los ranchos fueron retirados aproximadamente 20 vehículos, cuyo aseguramiento tampoco ha sido detallado por las autoridades.
Pese a la magnitud del operativo, hasta el cierre de esta edición ninguna dependencia federal había emitido un comunicado oficial sobre los resultados de las diligencias, el número de objetos asegurados o la posible detención de personas.
Se espera que en las próximas horas las autoridades den a conocer información oficial sobre este caso, que preliminarmente apunta a investigaciones relacionadas con delincuencia organizada.
Esta versión fortalece el enfoque de seguridad y delincuencia organizada, pero mantiene la cautela legal al atribuir el presunto vínculo con narcotráfico a información extraoficial mientras no exista un posicionamiento oficial.

