Por Chéster Hernández
La narrativa oficial de una Puebla “imparable” comenzó a resquebrajarse con estruendo. La detención de tres policías municipales no fue producto de una investigación local ni de un acto de depuración interna, sino de un operativo ordenado desde las más altas esferas del país, encabezado por el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch. El motivo es grave y demoledor: presuntos nexos con el crimen organizado.
El mensaje es claro: la descomposición de la policía municipal de Puebla no solo es conocida, sino que ya fue considerada un asunto de seguridad nacional. Cuando la Federación interviene de esta manera, es porque las instituciones locales fallaron o fueron rebasadas. Y en Puebla, todo apunta a lo segundo.
La pregunta obligada es incómoda pero necesaria:
¿Estos policías actuaban por cuenta propia o formaban parte de una estructura tolerada —o incluso protegida— desde dentro del poder político? Resulta difícil creer que elementos vinculados al huachicol, secuestro y cobro de piso operaran sin que nadie lo notara. Más aún cuando estas actividades criminales llevan años enraizadas en la ciudad y su zona conurbada.
El nombre de Eukid Castañón aparece inevitablemente en este contexto. ¿De verdad nadie sabía de la existencia de estos grupos criminales infiltrados en corporaciones de seguridad? ¿O simplemente se optó por mirar hacia otro lado mientras el crimen avanzaba bajo el manto de la impunidad?
Pero la responsabilidad directa tiene nombre y apellido. El primer respondiente político y administrativo de la policía municipal es el presidente municipal de Puebla, José “Pepe” Chedraui. Bajo su gestión se permitió que estos elementos operaran sin contar con el Certificado Único Policial (CUP), un requisito básico y obligatorio para cualquier agente en funciones. No se trata de un tecnicismo: es una omisión grave que compromete la seguridad de toda la ciudadanía.
Permitir policías no certificados no es solo negligencia; es abrir la puerta a la infiltración criminal. Es poner armas, patrullas y el poder coercitivo del Estado en manos equivocadas. Y hoy, esa irresponsabilidad tiene consecuencias visibles.
La detención de estos policías no limpia a la corporación ni salva la imagen del gobierno municipal. Al contrario, exhibe el fracaso del discurso oficial y deja en evidencia que la “Puebla imparable” avanza, sí, pero hacia una crisis de seguridad.
Si el golpe vino desde arriba, es porque abajo ya no había a quién confiarle la limpieza. Y eso, para cualquier gobierno local, es la peor de las condenas.
