Por Chester Hernández.
San Andrés Cholula, 14 de abril de 2025 – El municipio de San Andrés Cholula, conocido por su crecimiento económico y su dinamismo, sigue siendo escenario de hechos violentos vinculados a la operación de bares y cantinas. Un nuevo asesinato ocurrió dentro del bar Distrito 29, ubicado junto a la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP), donde una persona perdió la vida por impacto de bala. Este lamentable suceso no es aislado, sino parte de una ola de inseguridad que ya se ha vuelto una constante en la región.
Desde hace tiempo, hemos venido advirtiendo sobre la creciente violencia que azota a este municipio. No es solo la violencia en los bares la que preocupa, sino también el incremento de delitos en zonas como la Colonia Gobernadores, donde bandas organizadas, como la conocida “banda de los chilangos”, se dedican al robo de autopartes, el secuestro y hasta la venta de estupefacientes. Todo esto ocurre bajo la mirada indiferente de las autoridades municipales, encabezadas por la presidenta Guadalupe Cuautle, quien parece más preocupada por los ingresos que generan estos establecimientos que por la seguridad de los ciudadanos.
El bar Distrito 29 es solo uno de los muchos lugares donde la delincuencia se entrelaza con la vida nocturna. La falta de controles adecuados en estos sitios ha dado pie a situaciones extremas, como la muerte de un joven a balazos. ¿Cuántos más deben caer para que las autoridades actúen con seriedad? La impunidad que prevalece en estos establecimientos parece estar alimentada por el hecho de que dejan grandes dividendos, lo cual es un indicio claro de que el gobierno municipal ha optado por permitir esta realidad, con tal de obtener beneficios económicos a costa de la seguridad de sus habitantes.
Es imperativo que se haga un alto a esta situación. Los bares no deben ser un refugio para la delincuencia, ni las cantinas un punto de conflicto armado. La presidenta municipal, Guadalupe Cuautle, debe dejar de ver estos establecimientos como una fuente de ingresos y comenzar a ejercer un verdadero control sobre ellos, garantizando que cumplan con los requisitos de seguridad y vigilancia adecuados.
El municipio de San Andrés Cholula no puede seguir siendo cómplice de esta violencia. Las familias que viven en la región, y sobre todo los estudiantes de la UDLAP y de otras instituciones cercanas, merecen vivir en paz, sin el miedo de que cada noche, al salir de su casa, puedan encontrarse con un nuevo asesinato o ser víctimas de un crimen.
¿Cuántos muertos más se necesitan para que se tomen medidas drásticas? ¿Hasta cuándo los bares y cantinas seguirán siendo refugios de la impunidad? San Andrés Cholula ya no puede esperar más. Es hora de que las autoridades asuman su responsabilidad y pongan un freno a esta ola de violencia que está acabando con la paz y la seguridad del municipio.
