Implacable por Paty Herrera
Cada 10 de mayo, México exhibe una de sus contradicciones más crueles. Mientras el discurso del régimen se llena de flores, festivales y felicitaciones, miles de madres recorren calles, desiertos, fosas y oficinas gubernamentales buscando a sus hijos desaparecidos. No celebran. No pueden hacerlo. Para ellas, el Día de las Madres dejó de ser una fecha de alegría y se convirtió en una jornada de luto, rabia y denuncia.
La XIV Marcha de la Dignidad Nacional volvió a demostrar que la 4T ha fracasado en una de sus responsabilidades más elementales: proteger la vida y garantizar justicia. Las imágenes de madres cargando fotografías de sus hijos, gritando “¿Dónde están?”, deberían provocar una sacudida nacional. Sin embargo, en Palacio Nacional parecen producir apenas indiferencia burocrática.
La administración de Claudia Sheinbaum heredó una crisis monumental, pero lejos de enfrentarla con humildad y determinación, ha optado por continuar la estrategia de simulación política del obradorismo: negar la magnitud del desastre, maquillar cifras y descalificar cualquier crítica nacional o internacional.
México acumula más de 133 mil personas desaparecidas. El sexenio del Mesías Tropical cerró como el periodo con más desapariciones en la historia reciente del país, y los primeros dos años de gobierno de Sheinbaum indican que la tragedia no solo continúa, sino que se acelera. El promedio mensual de desapariciones ya ronda las mil personas. Mil seres humanos que se esfuman cada mes en un país donde el Estado parece haber renunciado a encontrarlos.
Pero lo más grave no es únicamente la cifra. Es la normalización del horror.
Morena insiste en hablar de “avances” mientras colectivos de madres buscadoras realizan el trabajo que deberían hacer las autoridades: excavan terrenos, reciben amenazas, rastrean pistas y encuentran restos humanos con sus propias manos. En cualquier democracia funcional, esto sería considerado una emergencia nacional. En México, el poder intenta convertirlo en un asunto estadístico y administrable.
La reacción del gobierno ante el Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU resulta particularmente reveladora. En lugar de asumir con seriedad el señalamiento internacional y aceptar ayuda técnica para enfrentar la crisis, la respuesta oficial fue defensiva, soberbia y profundamente irresponsable. La prioridad la PresidentA con A es proteger a su partido antes que a las víctimas.
Es indignante que mientras organismos internacionales advierten sobre una crisis humanitaria sin precedentes, la izquierda continúe obsesionada con controlar el relato público. La misma administración que exige reconocimiento por supuestos avances en derechos humanos rechaza cualquier escrutinio externo cuando las cifras exhiben su fracaso.
México se ha convertido en un país donde buscar a un familiar desaparecido te puede costar la vida. En los últimos quince años han sido asesinadas decenas de madres buscadoras. Mujeres que no encontraron protección institucional y que terminaron enfrentando solas al crimen organizado, a la impunidad y, muchas veces, a la indiferencia gubernamental.
El discurso de “primero los pobres” terminó abandonando a las familias más vulnerables del país: aquellas que perdieron a un hijo y después tuvieron que convertirse en investigadoras y activistas porque la gobernabilidad desapareció junto con sus desaparecidos.
Claudia tiene hoy la oportunidad de romper con esa política de evasión heredada de López Obrador. Pero hasta ahora ha preferido la continuidad socialista antes que la autocrítica. Su pseudo gobierno parece más preocupado por blindar políticamente a presuntos narcopolíticos construir una estrategia real de búsqueda, identificación forense y combate a la impunidad.
Mientras tanto, las madres seguirán marchando cada 10 de mayo. Seguirán llenando plazas con fotografías y nombres que el Estado no pudo proteger. Seguirán preguntando dónde están sus hijos.
Y el gobierno seguirá quedando cada vez más pequeño frente a la dignidad de esas mujeres.
