En el Congreso del Estado de Puebla se presentó una propuesta para establecer una pena de hasta 12 años de prisión a quienes incurran en actos de maltrato animal. La legislación vigente contempla sanciones de entre cuatro y ocho años de cárcel, además de una multa que puede ascender a 60 mil pesos.
El diputado Elías Lozada Ortega sometió a consideración una iniciativa de reforma al Código Penal estatal con el propósito de fortalecer las penalidades relacionadas con las agresiones contra seres sintientes.
La propuesta del legislador de Nueva Alianza plantea la modificación de los artículos 470, 472 y 473, con el fin de incrementar las penas y adicionar nuevas agravantes aplicables a este delito.
Lozada Ortega señaló que la normativa actual resulta insuficiente para sancionar de manera efectiva el maltrato animal, y que diversos vacíos legales limitan la adecuada protección de los seres vivos.
De acuerdo con información de la Fiscalía General del Estado de Puebla, entre 2022 y 2024 se iniciaron más de 549 carpetas de investigación por conductas vinculadas a la crueldad animal.
En el 62% de estos casos, los animales no fueron resguardados por autoridad alguna, permaneciendo en condiciones de vulnerabilidad.
Proponen sancionar la crueldad animal en Puebla con penas de hasta 12 años de prisión
La iniciativa, presentada también por el presidente de la Mesa Directiva, busca establecer un marco normativo más estricto para la protección y sanción de actos de maltrato en la entidad.
Como medida inicial, la autoridad competente deberá asegurar a los animales que se encuentren en situaciones de abuso o abandono, conforme a lo previsto en la Ley de Bienestar Animal.
Se propone incrementar en un tercio la sanción máxima cuando servidores públicos participen, consientan o encubran conductas de maltrato.
Se prevé imponer penas superiores a seis años de prisión a quienes asistan como espectadores a actos clandestinos de crueldad animal.
Los agresores que cometan este delito en presencia de niñas, niños o adolescentes podrán recibir una pena de entre siete y doce años de prisión.
El fortalecimiento de este marco jurídico permitirá aplicar sanciones más severas y garantizar la adecuada protección de los seres sintientes que hayan sido víctimas de maltrato.
