Por Chester Hernández
La inseguridad se ha convertido en un tema alarmante en Puebla capital y San Andrés Cholula, bajo la gestión de los gobiernos panistas de Adán Domínguez y Edmundo Tlatehui. Según datos de la Fiscalía General del Estado (FGE), de enero a agosto de 2024, los homicidios dolosos en estos municipios han incrementado un 44% en comparación con el mismo periodo del año anterior. Esta alarmante cifra refleja no solo un aumento en la violencia, sino también una evidente incapacidad de los gobiernos locales para garantizar la seguridad de sus ciudadanos.
Además del preocupante aumento de la delincuencia, estos gobiernos han dejado a su paso un paisaje desolador: calles llenas de baches y un déficit financiero significativo que afecta directamente a los servicios públicos. Los ciudadanos se enfrentan a un deterioro en la infraestructura urbana, lo que agrava aún más la sensación de inseguridad y abandono. Este contexto no solo revela la falta de atención a las necesidades básicas de la población, sino que también plantea serias dudas sobre la administración de recursos públicos.
La Auditoría Superior del Estado ha anunciado que investigará el hoyo financiero dejado por estas administraciones, lo que podría desvelar irregularidades en el manejo de los fondos públicos. Los ciudadanos de Puebla y San Andrés Cholula merecen respuestas y acciones concretas que atiendan tanto la inseguridad como la falta de transparencia en la gestión pública. La inacción ante estos problemas no solo perpetúa un ciclo de violencia y desconfianza, sino que también socava las bases de una sociedad que debería aspirar a vivir en paz y con oportunidades equitativas.
Es urgente que los gobiernos locales asuman su responsabilidad y tomen medidas efectivas para restaurar la seguridad y la confianza de la población. La situación actual es insostenible, y la ciudadanía no puede seguir viviendo con miedo y desamparo.