Por Chéster Hernández.
La seguridad pública en San Andrés Cholula vuelve a estar en el centro de la polémica luego de que este jueves circularan en redes sociales diversos videos que muestran un operativo policial en el que una mujer fue sometida con uso excesivo de la fuerza por parte de elementos de la policía municipal.
Los hechos, que ocurrieron ante la mirada de los hijos de esta mujer menores de edad, han provocado indignación entre ciudadanos que cuestionan los protocolos de actuación de los uniformados y la manera en que se aplican los procedimientos de detención. Las imágenes difundidas muestran momentos de tensión y han abierto nuevamente el debate sobre la capacitación y profesionalización de los cuerpos de seguridad en el municipio gobernado por Guadalupe Cuautle.
Diversos sectores de la sociedad consideran indispensable que los elementos policiales cuenten con una preparación constante y con todas las certificaciones que exige la ley. Entre ellas destaca el Certificado Único Policial (CUP), documento que acredita que los agentes cumplen con los requisitos de formación, evaluación de competencias y control de confianza. Especialistas en seguridad han señalado en repetidas ocasiones que aprobar los exámenes de control y confianza no significa automáticamente contar con el CUP, ya que éste requiere cumplir con otros procesos de certificación.
La situación cobra mayor relevancia debido a las constantes denuncias ciudadanas relacionadas con presuntos actos de corrupción y extorsión en distintos puntos del municipio como la avenida Las Torres y parte del periférico. Habitantes y automovilistas han denunciado en diversas ocasiones supuestos abusos cometidos por elementos de seguridad, particularmente en vialidades de alta circulación. Incluso, en redes sociales han sido difundidos videos donde presuntamente se observa a policías participando en actos de extorsión en carreteras y vías estatales.
La función de las corporaciones policiales debe estar enfocada en proteger y servir a la ciudadanía, garantizando el respeto a los derechos humanos y la aplicación de la ley dentro de los límites establecidos por los protocolos institucionales. Por ello, los recientes acontecimientos han incrementado el llamado de diversos sectores para que las autoridades estatales investiguen lo sucedido, transparenten los resultados y refuercen los mecanismos de supervisión y capacitación de sus elementos.
Mientras tanto, la ciudadanía exige respuestas claras y acciones concretas que permitan recuperar la confianza en las instituciones encargadas de velar por la seguridad pública en San Andrés Cholula donde la omisión ya es común por parte de la alcaldesa quien solamente hace sus apariciones en épocas electorales o en palenques para dar la nota.
