Por Chéster Hernández.
En política, la confianza pública no se exige: se construye. Y cuando una funcionaria se ve envuelta, directa o indirectamente, en un conflicto de interés de gran magnitud, la primera obligación no es defenderse desde el cargo, sino garantizar que la ley opere sin sombra de duda. Hoy, el caso que rodea a Olga Lucía Romero García Crespo —o como oficialmente se le identifique— pone sobre la mesa una pregunta incómoda pero necesaria: ¿puede alguien ser juez y parte sin comprometer la credibilidad institucional?
Desde el momento en que una persona asume un cargo público, su vida deja de ser completamente privada. No se trata de morbo, sino de rendición de cuentas. La ciudadanía tiene derecho a saber qué ocurre, especialmente cuando están en juego intereses económicos que, según versiones, ascienden a 600 millones de dólares, vinculados a la herencia de Socorro Romero, fundadora del emporio Huevos El Calvario.
El conflicto no es nuevo. Se remonta a la administración del exgobernador Miguel Barbosa, periodo en el que —según diversas versiones— ya existían tensiones por el control de esta fortuna. Hoy, el caso revive con un ingrediente aún más delicado: la presunta utilización del aparato judicial como mecanismo de presión.
La detención de Miguel Ángel Celis Romero, señalada por algunos como injusta, se agrava con la aprehensión de sus padres, adultos mayores, lo que abre serias dudas sobre la proporcionalidad y motivación de las acciones legales. Si estas acusaciones tienen sustento, no solo se estaría ante un posible abuso de poder, sino frente a una estrategia que erosiona el Estado de derecho.
Aquí es donde la responsabilidad política se vuelve ineludible. Si la funcionaria involucrada desea demostrar que no existe tráfico de influencias ni manipulación en la carpeta de investigación, la decisión más congruente sería separarse del cargo de manera temporal. No como admisión de culpa, sino como un acto de transparencia.
Para Morena Puebla, la situación también representa una prueba de coherencia. El discurso de combate a la corrupción y de ética pública pierde fuerza cuando no se actúa con firmeza ante casos internos. Permitir que el proceso continúe con una funcionaria en funciones solo alimenta la percepción —cada vez más arraigada— de que cuando hay poder de por medio, los dados están cargados.
La presunción de inocencia debe prevalecer. Si Miguel Ángel Celis Romero es culpable, que se le aplique todo el rigor de la ley. Pero mientras no exista una sentencia, también debe protegerse su derecho a un proceso justo, libre de presiones y de intereses políticos.
La transparencia no es un discurso, es una práctica. Y en este caso, comienza con una decisión simple, pero contundente: apartarse del cargo para que la justicia, si realmente es justicia, actúe sin interferencias.
