Por Chester Hernández.
Puebla vuelve a estremecerse con un caso que revela las profundas fallas estructurales en la protección de la niñez. Esta semana, la Fiscalía General del Estado confirmó la detención de José Manuel “F”, padre de Isaías “N”, por su presunta responsabilidad en el delito de violencia familiar. La aprehensión se llevó a cabo en la Unidad Habitacional Fovissste San Roque, en la capital poblana, en lo que parece ser el primer paso hacia la justicia para el menor.
Isaías, conocido públicamente como el niño de las gelatinas, desapareció tras acudir a vender sus productos al Mercado Independencia. Su historia conmovió a miles, pero también expuso una dolorosa verdad: era un niño que trabajaba para sobrevivir, no por gusto ni elección. Su fuga a Veracruz no fue un accidente, sino una decisión desesperada para huir del maltrato en su propio hogar.
Cabe destacar que su localización fue posible gracias a la pronta intervención de la Secretaría de Gobernación, cuya acción oportuna permitió dar con el paradero del menor antes de que el caso escalara a consecuencias irreversibles.
Sin embargo, esta rápida reacción institucional no debe ocultar la omisión previa de un sistema que, por mucho tiempo, ignoró las señales de alarma de lo que pasaba en Puebla, en gobiernos anteriores.
La detención del presunto agresor no es una victoria completa. Es apenas el inicio de una revisión urgente a las políticas de protección infantil y al papel de la sociedad, que con frecuencia romantiza la precariedad como virtud. La verdadera justicia llegará cuando ningún niño tenga que huir para estar a salvo.
