Por Chester Hernández.
Este jueves, desde tempranas horas, integrantes de la organización 28 de Octubre bloquearon diversas vialidades en la ciudad de Puebla con una marcha que partió de dos puntos estratégicos: Angelópolis y el Mercado Zapata, rumbo al Centro Integral de Servicios (CIS). Aunque la agrupación argumenta que la movilización es en defensa del derecho al trabajo, la realidad revela un trasfondo menos legítimo: la presión para conservar prácticas ilegales y privilegios construidos al margen de la ley.
La 28 de Octubre ha operado durante años como una organización que, bajo el discurso de la lucha social, ha ejercido control sobre comerciantes informales y trabajadores que, por necesidad, aceptan someterse a condiciones impuestas por sus líderes. Estos dirigentes han vivido del esfuerzo ajeno, cobrando cuotas por uso de espacios públicos, administrando estacionamientos con tarifas abusivas y promoviendo la operación de taxis pirata, todo fuera del marco legal.
Lejos de representar una auténtica defensa de los derechos laborales, esta marcha parece más bien una estrategia de presión para que el gobierno del estado continúe tolerando su modelo de impunidad, el mismo que les permitió crecer durante administraciones anteriores. Hoy, al enfrentarse a una autoridad que pretende aplicar la ley, recurren a la movilización, no como protesta legítima, sino como chantaje político.
Resulta especialmente grave que muchos de los participantes en la marcha hayan sido obligados a asistir bajo amenaza de perder sus lugares de trabajo. Testimonios de agremiados revelan que quienes se niegan a marchar corren el riesgo de ser desplazados o sancionados internamente. Es decir, se trata de una protesta organizada no por convicción, sino por coacción, lo que pone en evidencia la estructura autoritaria con la que operan.
El Estado no puede ceder ante este tipo de presiones. Defender la legalidad no es atacar al trabajador, sino protegerlo de aquellos que se enriquecen a costa de su vulnerabilidad. La verdadera justicia social no se construye con bloqueos ni chantajes, sino con reglas claras, respeto a la ley y espacios dignos para quienes todos los días luchan por ganarse la vida honestamente.
