Por Chéster Hernández
La llamada “lista negra” sacude los cimientos políticos de Puebla. Un total de 22 exfuncionarios y personajes cercanos a los gobiernos de Sergio Salomón Céspedes Peregrina y Luis Miguel Barbosa Huerta, así como 16 exediles y alcaldesas vinculados a Morena y a sus aliados partidistas, están bajo investigación por presuntas irregularidades en el manejo de recursos públicos.
La Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno y la Auditoría Superior del Estado de Puebla elaboran actualmente los pliegos de cargos para fincar posibles responsabilidades administrativas y penales contra quienes, según los informes preliminares, habrían incurrido en desvíos, contratos amañados o abuso de autoridad.
Ante este panorama, el gobernador Alejandro Armenta Mier fue categórico: “Morena no será escudo de nadie”, sentenció al recalcar que en su administración no se tolerarán privilegios ni impunidad, sin importar la cercanía política o el color partidista. Su declaración se produce luego de la sanción millonaria e inhabilitación de María Teresa Castro Corro, exsecretaria de Planeación y Finanzas del gobierno barbosista, señalada por diversas anomalías financieras.
Sin embargo, la red de presuntos actos de corrupción se extiende a varios municipios. El presidente municipal de Huejotzingo, Roberto Solís Valles, figura entre los observados por realizar negocios con grupos vinculados a actividades poco transparentes. De igual forma, el edil de Cuautlancingo, Omar Muñoz Alfaro, enfrenta acusaciones por haber hecho de los operativos de alcoholímetros un lucrativo negocio familiar, operado bajo el supuesto amparo de influencias dentro del gabinete estatal.
A estos casos se suma el del alcalde de Tehuacán, quien, según diversas fuentes, mantiene una red de intereses personales y contratos irregulares que lo colocan bajo el reflector público.
El gobierno de Armenta Mier tiene ahora un desafío monumental: demostrar que su cruzada contra la corrupción no es simple discurso político. Si la justicia se aplica con firmeza, sin distingos ni favores, Puebla podría iniciar una verdadera transformación institucional. Pero si el poder vuelve a servir de refugio para los mismos de siempre, el mensaje será claro: la corrupción, una vez más, cambió de rostro, pero no de costumbre.
