Por Chester Hernández
La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) asestó un golpe directo a la impunidad y a la arrogancia del poder local al negarle a Minutti la reinstalación automática en el cargo del que fue suspendido, desmoronando así la narrativa de persecución política con la que pretendió victimizarse ante la opinión pública.
Contrario a los intereses del síndico y de quienes lo han protegido desde las sombras, la máxima autoridad electoral del país determinó devolver el asunto al estado de Puebla para que sea el Tribunal Electoral local quien analice de fondo si el delito por el cual fue separado del cargo guarda relación directa con el ejercicio de la función pública. En otras palabras: no habrá borrón ni cuenta nueva para quien arrastra señalamientos graves y un proceso penal abierto.
La resolución del TEPJF no sólo exhibe la fragilidad jurídica de Minutti, sino que deja al descubierto una práctica recurrente entre funcionarios corruptos: utilizar los cargos públicos como escudo frente a la ley, apostando a que el poder político les garantice impunidad. Esta vez, la estrategia fracasó.
Es fundamental subrayar que el síndico continúa vinculado a un proceso penal en curso. No se trata de rumores ni de ataques mediáticos, sino de hechos judiciales que pesan sobre su trayectoria. Aun así, Minutti intentó regresar al cargo como si nada hubiera pasado, ignorando el daño institucional, ético y social que representa que un funcionario bajo investigación penal pretenda seguir tomando decisiones en nombre de la ciudadanía.
El mensaje del TEPJF es claro y contundente: ningún cargo público está por encima de la ley, ningún voto popular otorga licencia para delinquir y ninguna investidura sirve para evadir la justicia. La resolución sienta un precedente de enorme relevancia no sólo para San Pedro Cholula, sino para todo el país, al reafirmar que la justicia electoral y penal deben caminar juntas para proteger el interés público.
Hoy, el balón está en la cancha del Tribunal Electoral del Estado de Puebla, que tiene la responsabilidad histórica de actuar con independencia, sin presiones políticas y sin pactos en lo oscurito. Cualquier intento de favorecer al síndico sería una traición a la legalidad y una bofetada a la ciudadanía que exige autoridades limpias, honestas y responsables.
El caso Minutti no es un asunto personal ni una vendetta política: es el reflejo de un hartazgo social frente a la corrupción enquistada en los gobiernos municipales. La justicia ya dio un primer paso. Ahora toca demostrar si en Puebla hay instituciones capaces de sostenerlo o si, una vez más, los corruptos intentarán salirse con la suya.
