Por: Chester Hernández
En Jonotla, Puebla, el autoritarismo tiene nombre y rostro: Jael Peña Lobato, presidenta municipal. Lejos de gobernar con sensibilidad y responsabilidad, ha impuesto un estilo de mando vertical, arbitrario y oportunista, ignorando las verdaderas necesidades del pueblo, así como sus usos y costumbres, especialmente en comunidades indígenas como San Antonio Rayón.
Los habitantes de esta junta auxiliar —una de las más olvidadas, pero también más vivas en su identidad cultural— solicitaron con firmeza y respeto una obra prioritaria: la construcción de un domo comunitario. Este espacio serviría para eventos culturales, deportivos y escolares, fortaleciendo el tejido social. Sin embargo, la presidenta decidió, de manera unilateral y sin consulta previa, reemplazar el proyecto por un parque con una fuente, con la clara intención de manejar directamente los recursos económicos.
Lo más indignante es que esta decisión cuenta con el respaldo del delegado estatal, Ever Vaquero, quien, lejos de actuar como garante del orden, la legalidad y el respeto institucional, ha optado por respaldar a la alcaldesa. Su papel como representante del Estado en la región debería estar al servicio del pueblo, no al servicio de los abusos del poder local. Su omisión es tan grave como la acción.
Además, las juntas auxiliares no están recibiendo el porcentaje de participaciones municipales que legalmente les corresponde. San Antonio Rayón, como otras comunidades marginadas, es víctima de un claro desvío de recursos. Esta omisión no es un error: es una estrategia de control político y una muestra más del desprecio hacia los pueblos originarios.
Y como si fuera poco, la barrera del idioma se ha convertido en una herramienta más de abuso. En San Antonio Rayón aún se habla náhuatl. Lejos de ver esta lengua como un símbolo de identidad y dignidad, el gobierno municipal la utiliza como excusa para imponer decisiones sin diálogo ni transparencia. Es una forma de discriminación institucional que atenta contra los derechos culturales y humanos de toda una comunidad.
La ley de Herodes —“o te chingas o te jodes”— no ha muerto. Sigue viva, y en Jonotla, lleva falda y apellido. Jael Peña gobierna con desprecio por la democracia, la legalidad y su propia gente, mientras que funcionarios como Ever Vaquero permiten que estos atropellos continúen bajo el amparo del silencio y la complicidad.
Las autoridades estatales deben intervenir. Jonotla no puede seguir siendo rehén de una administración que ignora al pueblo y pisotea sus costumbres. El silencio también es complicidad. La historia sabrá juzgar no solo a quienes abusan del poder, sino también a quienes, teniendo la obligación de actuar, prefieren callar.
