El cierre de la Junta Especial 33 de Puebla y el envío de casi 7 mil expedientes a la Junta Federal 46 de Tlaxcala ha resultado en un fracaso para la justicia laboral, coinciden abogados. Los juicios siguen estancados, se han promovido más de 120 amparos y los costos de defensa para los trabajadores han aumentado, sin mejoras reales en la resolución de los conflictos.
La medida vulneró el derecho de los trabajadores a litigar cerca de su residencia y la Junta 46 ha mostrado insuficiente capacidad para reducir el rezago. Incluso con presión judicial, no se ha transparentado cuántos asuntos de Puebla se han resuelto.
Antes de dejar la presidencia, autoridades de la Junta Federal enfrentaron advertencias de ocupación de las instalaciones por parte de los litigantes si continuaba la inactividad.
