Por Chester Hernández
Han pasado dos semanas desde la explosión del tanque de gas en la 11 Sur, en uno de los negocios de birria más concurridos de la zona, y el saldo continúa siendo tan doloroso como indignante: 17 personas resultaron heridas, 10 de ellas permanecen hospitalizadas con quemaduras severas, y una niña de apenas cuatro años ya perdió la vida. Sin embargo, a pesar de la magnitud de la tragedia, no hay detenidos, no hay responsables y no hay autoridad que dé la cara.
Lo ocurrido no fue un accidente fortuito ni una desgracia inevitable. Fue la consecuencia directa de la negligencia institucional, de la permisividad oficial y de una red de corrupción que permite que verdaderas bombas de tiempo operen todos los días en la vía pública. Estos negocios no se instalan solos. Funcionan porque alguien los autoriza, porque alguien cobra, porque alguien decide que el riesgo vale la pena mientras haya dinero de por medio.
Hoy, quienes están pagando el precio más alto son las familias de las víctimas. Además del dolor físico y emocional, enfrentan gastos médicos impagables: medicamentos, cirugías, injertos de piel y largas estancias hospitalarias. El Estado, que debió prevenir y regular, brilla por su ausencia. No hay apoyos reales, no hay indemnizaciones, no hay justicia.
La pregunta es obligada: ¿dónde está el alcalde Pepe Chedraui? ¿Dónde está el gobierno municipal responsable de otorgar permisos y vigilar que se cumplan las normas de seguridad? ¿Cuántos muertos más se necesitan para que la gobernación municipal actúe? ¿Cuántos quemados más para que retiren estos puestos que operan con tanques de gas sin supervisión alguna?
La explosión de la 11 Sur dejó al descubierto lo que muchos ya sabían y denunciaban: la tolerancia a los puestos ambulantes peligrosos no es casualidad, es negocio. Un negocio sostenido por “moches”, por inspecciones simuladas y por un sistema que prefiere recaudar ilegalmente antes que proteger vidas humanas.
Mientras una niña ya fue enterrada y otras personas luchan por sobrevivir, el Ayuntamiento guarda silencio o se limita a discursos vacíos. No hay investigaciones serias, no hay sanciones ejemplares y no hay una estrategia para retirar estos riesgos de la vía pública. La indiferencia oficial resulta tan ofensiva como la corrupción que la provoca.
Gobernar no es posar para la foto ni inaugurar obras. Gobernar es prevenir tragedias. Y en la 11 Sur, el gobierno municipal de Puebla falló de manera rotunda. Si no hay consecuencias, esta no será la última explosión. La siguiente tragedia ya está en camino, y también tendrá responsables, aunque hoy se empeñen en esconderlos.
