Por chéster Hernández
Desde el pasado 20 de octubre, el medio Así lo Dice Puebla advirtió sobre el riesgo de que el Centro Penitenciario Distrital de Huejotzingo quedara en manos de perfiles cuestionables. El tiempo confirmó la advertencia. El reciente operativo de revisión realizado en el penal dejó al descubierto una realidad alarmante: drogas, armas punzocortantes, teléfonos celulares y objetos prohibidos circulaban libremente al interior de un centro que, en teoría, debería garantizar el orden, la seguridad y la reinserción social.
La presencia reiterada de estos artículos no puede explicarse como hechos aislados ni como simples descuidos administrativos. Su ingreso y permanencia evidencian una cadena de fallas graves en los controles de seguridad, así como posibles actos de omisión, tolerancia o complicidad por parte de mandos internos y personal responsable del penal. La pregunta obligada es quién permitió que el Centro de Reinserción Social de Huejotzingo operara bajo estas condiciones y durante cuánto tiempo se normalizó la ilegalidad dentro de sus muros.
Tras el operativo, la Secretaría de Seguridad Pública del estado fue clara al señalar la necesidad de remover al director del penal por no cumplir con el perfil requerido y por las irregularidades detectadas. La solicitud fue turnada al presidente municipal de Huejotzingo, Roberto Solís Valles, a quien ahora corresponde algo más que una respuesta administrativa: debe decidir si existe un interés real por corregir de fondo la crisis del CERESO o si se optará por administrar el problema y minimizar sus consecuencias políticas.
El penal de Huejotzingo no es un asunto menor ni un tema secundario. Se trata de un punto clave de la gobernabilidad municipal. Sin embargo, resulta revelador que en el debate público haya generado mayor atención una nota sobre los zapatos del presidente municipal que el hecho de que en el CERESO bajo su jurisdicción se hayan decomisado drogas, armas y celulares. La frivolidad ha desplazado a la rendición de cuentas.
A este escenario se suman antecedentes que no pueden ignorarse. Así lo Dice Puebla ya había señalado en su momento a Rosendo Atriano Garza como un personaje vinculado a prácticas de corrupción dentro del sistema penitenciario. Entre 2015 y 2021, diversos medios lo relacionaron con presuntas irregularidades en distintos centros de reclusión, particularmente en el CERESO de San Miguel, Puebla, donde se le vinculó con el negocio de los llamados “privados” y con la presunta venta de estudios y dictámenes falsos para la preliberación de internos.
También ha sido mencionado en investigaciones periodísticas relacionadas con la fuga de Felipe N., alias “El Pirulí”, así como por su cercanía con Facundo Rosas Rosas, excomisionado de la Policía Federal. Aunque estos señalamientos deberán aclararse por las instancias correspondientes, su sola reiteración en el tiempo obliga a extremar la vigilancia y la transparencia en cualquier cargo que implique control penitenciario.
Huejotzingo enfrenta hoy una prueba de credibilidad institucional. El operativo no solo exhibió objetos prohibidos, sino una crisis de control, supervisión y responsabilidad política. La ciudadanía no necesita discursos ni distracciones mediáticas, sino acciones claras, investigaciones profundas y decisiones firmes que garanticen seguridad, legalidad y rendición de cuentas.
Porque cuando un penal se convierte en territorio sin ley, la gobernabilidad municipal deja de ser un discurso y se transforma en una deuda pendiente .
Y Bobadilla Carpi qué hace.?
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