El Gobierno de Puebla plantea la creación de un permiso temporal para motocicletas nuevas, el cual tendría una vigencia limitada a cinco días, con el objetivo de fortalecer el padrón vehicular.
El Poder Ejecutivo envió una iniciativa de reforma para modificar y añadir diversos artículos a la Ley de Hacienda del Estado de Puebla, con ajustes enfocados en la regulación de los vehículos.
Entre los cambios principales se establece que las motocicletas nuevas solo podrán circular sin placas desde el establecimiento de venta hasta el domicilio del propietario.
El Permiso Provisional de Traslado Único será emitido por la Secretaría de Planeación, Finanzas y Administración y tendrá una duración de cinco días.
El trámite deberá realizarse antes de que la unidad salga del punto de venta, a fin de evitar que circule sin matrícula o sin la autorización correspondiente expedida por la autoridad.
Con estas medidas, el gobierno estatal busca reducir la circulación de motocicletas sin identificación oficial y prevenir su uso en actividades delictivas. Asimismo, se pretende imponer nuevas obligaciones a los propietarios de este tipo de vehículos para reforzar el registro de conductores.
La tarjeta de circulación deberá indicar el número máximo de personas que pueden viajar en la motocicleta, conforme a lo establecido en la Ley de Movilidad y Seguridad Vial del Estado.
Esta disposición busca complementar la llamada Ley Casco, con el propósito de impedir que las motocicletas transporten más pasajeros de los permitidos.
Por otro lado, el gobernador Alejandro Armenta Mier incluyó en su propuesta que los conductores con adeudos por sanciones deberán cubrir el pago del Impuesto sobre Tenencia Vehicular.
Con ello, se pretende condicionar el acceso al Programa de Apoyo del 100% del Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos, que se otorga de manera anual.
Para obtener este beneficio, los contribuyentes deberán estar al corriente en sus obligaciones fiscales ante la Secretaría de Finanzas.
No deberán contar con créditos fiscales pendientes, en particular aquellos derivados de infracciones captadas por cámaras de velocidad en carreteras estatales.
El gobierno estatal busca disminuir el número de automovilistas con adeudos por fotomultas y vincular los incentivos fiscales al cumplimiento de sanciones.
