Aunque en los últimos 25 años, de 2000 a 2025, el salario mínimo en México creció un 735 por ciento, de 37.90 a 278.80 pesos diarios, la precariedad laboral en Puebla persiste. Además de que ese ingreso alcanza para menos de lo que debería debido a la inflación, más de la mitad de los trabajadores carece de prestaciones básicas como salud, aguinaldo o vacaciones pagadas, de acuerdo con el Informe Anual 2025 del Observatorio de Salarios de la Universidad Iberoamericana Puebla.
Durante la rueda de prensa en la que se presentaron los resultados, los investigadores explicaron que la persistencia de la precariedad laboral se debe principalmente a la resistencia de las empresas para mejorar las condiciones de sus trabajadores. Señalaron que, aunque ha habido esfuerzos gubernamentales por elevar los ingresos y formalizar el empleo, el sector privado mantiene prácticas que limitan la distribución equitativa de los recursos.
Miguel Calderón Chelius, coordinador del Observatorio de Salarios, explicó que entre los años 2000 y 2025 el salario mínimo en México pasó de 37.90 a 278.80 pesos diarios. No obstante, este aumento nominal no se tradujo en una mejora real del poder adquisitivo de los trabajadores.
De acuerdo con el académico, hace 25 años, con los 37.90 pesos que se ganaban al día se podían adquirir bienes y servicios equivalentes a 81.12 pesos, considerando la inflación acumulada. En contraste, los 278.80 pesos de 2025 solo tienen un poder de compra real de 200.97 pesos. Es decir, aunque en apariencia el salario se multiplicó por más de siete, su capacidad para cubrir necesidades básicas sigue siendo limitada.
A este panorama se suma un mercado de trabajo marcado por la falta de derechos y seguridad social. Natalia Guerrero Espinosa, estudiante de la Licenciatura en Economía y Finanzas e integrante del equipo de investigación, señaló que solo el 45 por ciento de las personas económicamente activas en Puebla cuentan con alguna prestación laboral, mientras que el 55 por ciento restante carece totalmente de ellas.
Esta cifra refleja un rezago considerable frente al promedio nacional, donde el 33 por ciento de los trabajadores se encuentra en condiciones similares de desprotección.
Entre los datos más críticos del estudio destaca que seis de cada 10 trabajadores en Puebla no tienen un contrato escrito, lo que los deja en situación de vulnerabilidad ante despidos o incumplimientos de pago. Además, solo el 39 por ciento cuenta con acceso a servicios de salud, mientras que el 61 por ciento restante carece de cobertura médica.
En cuanto a otras prestaciones, el 58 por ciento de los trabajadores no recibe aguinaldo, vacaciones con sueldo ni reparto de utilidades, y apenas el 12 por ciento tiene acceso a guarderías o apoyos para el cuidado infantil.
Las cifras son aún más preocupantes en materia de seguridad social: solo el 13 por ciento de los empleados cuenta con seguro de vida o gastos médicos, dejando al 87 por ciento expuesto a cualquier eventualidad.
Ante estos resultados, Calderón Chelius afirmó que la precarización del trabajo no responde únicamente a la falta de interés de las autoridades, sino a un problema estructural del mercado laboral mexicano, en el que las empresas muestran una resistencia histórica a destinar una mayor parte de sus utilidades a mejorar los salarios y prestaciones de sus empleados.
“No se trata de desinterés de los gobiernos actuales; está enraizado en la forma en que funciona el mercado laboral en México. Algunos gobiernos recientes han puesto atención en los temas laborales, pero no es algo fácil, porque implica una redistribución de los recursos y de las ganancias de las empresas hacia mejores salarios y condiciones de trabajo. Ahí es donde existe la resistencia”, declaró.
Consideró que la salida no está en flexibilizar derechos, sino en rediseñar las políticas públicas para garantizar un piso mínimo de bienestar. “Hay que buscar una flexibilidad en la contratación que no afecte las prestaciones ni las condiciones de trabajo de las personas”, puntualizó.
Entre sus propuestas, destacó la necesidad de garantizar el acceso universal a la salud a través de impuestos, como una medida prioritaria para fortalecer el empleo formal y reducir la vulnerabilidad laboral.
De no atenderse, advirtió, la precariedad podría seguir profundizándose incluso en un contexto de aumentos salariales, manteniendo a gran parte de la población trabajadora en condiciones de desigualdad y desprotección.
