Por Chéster Hernández
El desfile conmemorativo del 5 de Mayo, una de las ceremonias cívicas más importantes de Puebla, quedó opacado por una serie de señalamientos relacionados con el presunto uso de recursos públicos para promoción política personalizada. Durante el recorrido, cientos de asistentes observaron la entrega masiva de artículos promocionales vinculados con Laura Artemisa, entre ellos botellas de agua, abanicos, sombrillas, juegos de lotería y diversos souvenirs repartidos entre el público.
Lo preocupante no es únicamente el evidente despliegue propagandístico en un evento oficial y de carácter histórico, sino la contradicción entre lo ocurrido a plena vista y la postura pública de la hoy titular de la Secretaría del Bienestar, quien niega haber autorizado o repartido dichos materiales.
Sin embargo, ciudadanos y asistentes aseguran haber visto a varias personas identificadas como trabajadores de la propia Secretaría del Bienestar participando activamente en la distribución de estos artículos. La pregunta es inevitable: ¿quién financió este operativo de promoción política? Porque lo visto durante el desfile no parece un acto espontáneo ni aislado, sino una estrategia perfectamente organizada y con un costo que podría ascender a cientos de miles o incluso millones de pesos.
Resulta aún más grave que, mientras miles de poblanos enfrentan carencias y necesidades urgentes, exista la sospecha de un posible despilfarro de recursos en propaganda disfrazada de “apoyo ciudadano” o “souvenirs conmemorativos”. La ciudadanía merece una explicación clara y transparente sobre el origen del dinero utilizado para producir y repartir estos artículos.
También surge otra interrogante dentro del propio escenario político: ¿se trata de una operación avalada desde la dependencia o de un caso de “fuego amigo” para exhibir anticipadamente aspiraciones políticas y generar desgaste interno? En cualquiera de los casos, el episodio deja mal parada a la administración y revive viejas prácticas de promoción personalizada que tanto se prometió erradicar.
Los eventos cívicos no deberían convertirse en plataformas de posicionamiento político ni en escaparates para campañas anticipadas. El desfile del 5 de Mayo representa memoria histórica, identidad y respeto institucional; utilizarlo para repartir propaganda constituye una falta de sensibilidad política y un mensaje equivocado para la ciudadanía.
Hoy más que nunca se requiere transparencia, rendición de cuentas y una investigación seria que determine quién ordenó, pagó y coordinó la entrega de esta propaganda. Porque negar los hechos cuando miles de personas fueron testigos solo profundiza la desconfianza ciudadana.
