Por Chester Hernández.
A pocos días de finalizar su administración, Irene Olea Torres ha tomado una decisión alarmante al retirar el apoyo jurídico y económico a los policías involucrados en el escandaloso caso de tortura y abuso de autoridad contra jóvenes periodistas. Este acto no solo refleja una preocupante falta de responsabilidad, sino que también deja a sus agentes en la indefensión ante un proceso judicial en curso.
El 10 de marzo de 2023, dos jovencitas fueron privadas de la libertad y torturadas bajo las órdenes de Olea. En lugar de respaldar a los policías que actuaron bajo su mandato, la presidenta se lava las manos, abandonando a quienes enfrentan graves acusaciones. Este abandono es aún más escandaloso considerando su historial, ya que Olea ha sido señalada por casos de corrupción, nepotismo y alteración de documentos, lo que agrava su falta de ética y liderazgo.
La comunidad de Izúcar de Matamoros merece respuestas. La falta de apoyo a los cuerpos policiales no solo debilita su capacidad operativa, sino que fomenta un clima de temor e inseguridad. Si quienes deben proteger a la ciudadanía son abandonados en momentos críticos, ¿cómo se puede confiar en ellos?
El legado de Irene Olea se mancha con esta decisión irresponsable. En un contexto donde la violencia y la corrupción amenazan la estabilidad de la región, su actuar es una grave irresponsabilidad que dejará huella. Es imperativo que los ciudadanos exijan rendición de cuentas y un cambio en la gestión de la seguridad en Izúcar de Matamoros. La lucha por la justicia y la dignidad de los cuerpos policiales no debe caer en el olvido.
