Para que Puebla logre sacar de la pobreza a las 2 millones 865 mil personas que actualmente viven en esta condición y eliminar por completo el problema, tendrían que transcurrir hasta 96 años —es decir, hacia el año 2121—, de acuerdo con un estudio elaborado por Acción Ciudadana Frente a la Pobreza.
El prolongado periodo que tardaría la entidad en superar este rezago, explicó el economista Samuel Ortiz Velásquez, investigador de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), se debe a que durante décadas las políticas públicas del gobierno han privilegiado la entrega de apoyos sociales con recursos limitados, en lugar de generar condiciones estructurales que fortalezcan el empleo formal, la productividad y la movilidad económica.
En el marco del Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza, que se conmemora este 17 de octubre, la organización presentó el estudio “Erradicar la pobreza. Rutas para un México libre de pobreza en un planeta vivible”, que toma como base la velocidad promedio de reducción de la pobreza entre 2016 y 2024. A nivel nacional, esta disminuyó 4.6 por ciento anual, y el estudio proyecta en cuánto tiempo cada entidad podría reducir a la mitad o erradicar completamente este problema si se mantiene la misma tendencia.
Con esta proyección, Puebla necesitaría entre 51 y 96 años para erradicar totalmente la pobreza, lo que implica que las 2 millones 865 mil personas que hoy viven en esa condición podrían alcanzar una vida digna entre 2076 y 2121.
En un escenario más optimista y cercano, reducir siquiera a la mitad esta población requeriría al menos 12 años adicionales, es decir, hasta 2037, partiendo de 2025.
Con esta tendencia, el estudio ubica a Puebla como el séptimo estado del país que más tiempo tardaría en revertir la pobreza, solo detrás de Guerrero, Chiapas, Campeche, Oaxaca, Durango y Morelos.
Este panorama evidencia que el estado no alcanzaría la meta fijada en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), en la que México se comprometió a reducir a la mitad todas las formas de pobreza antes de 2030 y avanzar hacia su erradicación total.
Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en 2024 Puebla registró 2 millones 865 mil personas en situación de pobreza; de ellas, 2 millones 383 mil 800 se encontraban en pobreza moderada y 481 mil 200 en pobreza extrema.
De acuerdo con Samuel Ortiz Velásquez, el lento avance de Puebla para superar la pobreza se debe a que las autoridades han centrado sus políticas públicas en la entrega de apoyos sociales con presupuestos limitados, en lugar de generar condiciones estructurales que impulsen el empleo formal, la productividad y la movilidad económica.
El académico subrayó que gran parte de la población se encuentra en la economía informal o de subsistencia, lo que perpetúa bajos ingresos y exclusión social. Otorgar apoyos, dijo, solo logra ser una medida paliativa que no resuelve el problema de fondo ni garantiza una mejor calidad de vida.
Mientras no se construyan condiciones para que el trabajo genere bienestar, los apoyos sociales seguirán siendo necesarios, pero insuficientes y de bajo alcance,advirtió.
Ortiz Velásquez insistió en la necesidad de un impulso decidido en infraestructura física y social, con inversión pública en caminos, hospitales, escuelas y telecomunicaciones, para incentivar la llegada de capital privado y la creación de empleos de calidad.
Ante este panorama, Acción Ciudadana Frente a la Pobreza propuso diez rutas de acción para acelerar la reducción del rezago social mediante políticas que combinen inclusión, equidad económica y sostenibilidad ambiental.
Entre las propuestas se encuentran fortalecer la economía social mediante inversión de capital y acceso a créditos; mejorar la educación en zonas marginadas, especialmente la formación técnica y la capacitación laboral; invertir en servicios públicos de cuidado —como estancias infantiles, centros para adultos mayores y escuelas de tiempo completo— para liberar tiempo productivo en los hogares; garantizar alimentación adecuada y reforzar la educación inicial.
Asimismo, se plantea recuperar gradualmente el salario mínimo hasta que equivalga al valor de dos canastas básicas; promover la adopción de un salario digno de 13 mil 400 pesos mensuales en las empresas; y crear un nuevo régimen IMSS–RESICO que incorpore a trabajadores del campo y de microempresas. A esto se suma la transición hacia políticas económicas y ambientales sostenibles, con inversión en energías limpias, impulso a la agroecología y fortalecimiento de los mercados de captura de carbono.
Esperar décadas para erradicar la pobreza es inadmisible. Lograr un México libre de pobreza y un planeta vivible requiere políticas integrales que garanticen educación, salud, empleo digno y sostenibilidad ambiental,enfatizó la organización.
